Investigación disciplinaria por retraso en instalación de cámaras de seguridad en Bogotá
La Procuraduría General de la Nación notificará este lunes la apertura formal de una investigación disciplinaria contra un funcionario de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá. La indagación se centra en presuntas irregularidades en la ejecución del contrato SCJ-1904-2023, valorado en más de 14.000 millones de pesos, para el suministro e instalación de equipos de videovigilancia.
Retraso significativo en instalación de dispositivos
De las 200 cámaras de detección de placas (LPR) adquiridas en 2023, solo 80 están operativas, a pesar de que el plazo de instalación venció el 5 de agosto de 2024. Las 120 restantes permanecen almacenadas en una bodega, generando preocupación sobre la efectividad del sistema de seguridad en la capital.
El secretario de Seguridad, César Restrepo, atribuyó las demoras a la complejidad de instalar estos dispositivos en una ciudad con más de 1.000 frentes de obra. "Los estructuradores del contrato y los contratistas no tuvieron en cuenta que una ciudad en obra cambia sus condiciones permanentemente", explicó Restrepo en referencia a la necesidad de instalar cámaras en puentes peatonales o vehiculares afectados por obras.
Capacidades de seguridad comprometidas
Las cámaras LPR tienen la capacidad de identificar 55.541 placas vehiculares por día, almacenando datos como marca, modelo, color y rutas de circulación. Esta tecnología resulta crucial para investigaciones criminales, como el secuestro de Diana Ospina, cuyo taxi podría haber sido rastreado si el sistema estuviera completo.
La concejal Diana Diago (Centro Democrático) ha denunciado persistentemente las demoras: "Han pasado dos años y medio desde la firma del contrato y la totalidad de las cámaras siguen sin ser instaladas. La Secretaría de Seguridad sigue sin responder por este caso".
Comparación desfavorable con otras ciudades
Mientras Bogotá lucha por instalar 200 cámaras LPR, Medellín cuenta con 562 dispositivos activos y planea duplicar esa cantidad en dos años. Esta disparidad tecnológica preocupa a expertos en seguridad ciudadana, especialmente considerando que Bogotá tiene aproximadamente ocho millones de habitantes.
El contrato, visible en la plataforma Secop II, ha experimentado dos prórrogas y tres suspensiones, con una nueva fecha de terminación establecida para el 27 de abril. Esto significa que en los próximos 50 días deberán instalarse 120 cámaras, equivalente a entre dos y tres dispositivos diarios.
Contexto del sistema de videovigilancia capitalino
Actualmente, Bogotá tiene 13.906 cámaras de seguridad conectadas a su sistema de videovigilancia, incluyendo 5.824 de la Secretaría de Seguridad (81% operativas), 3.906 de privados, 2.976 públicas y 1.200 de la Secretaría de Movilidad.
El sistema ha permitido importantes logros en seguridad:
- Captura de 89 personas por tráfico de estupefacientes en 2026
- Recuperación de cinco vehículos, dos bicicletas y dos celulares
- Incautación de cuatro armas de fuego
Adicionalmente, se amplió la capacidad de almacenamiento de video de 90 a 180 días y se implementó la herramienta BriefCam, que analiza horas de grabación en minutos para identificar características relevantes en investigaciones.
La Secretaría de Seguridad mantiene que "el contrato se encuentra vigente y se están realizando las actividades correspondientes para la finalización de la instalación y puesta en marcha total del sistema LPR", aunque no ha proporcionado explicaciones detalladas sobre las causas específicas del retraso.
