Detienen a dos sospechosos en zona de alta vigilancia de Bogotá
La Policía Metropolitana de Bogotá ejecutó un operativo conjunto con el Ejército Nacional en el Centro Administrativo Nacional (CAN), una de las áreas con mayor presencia de seguridad de la capital colombiana. La acción se desarrolló frente a las sedes del Ministerio de Defensa y la Registraduría Nacional, donde los uniformados lograron neutralizar a dos individuos que portaban un arma de fuego corta y acababan de sustraer el celular de una ciudadana.
Identificación de los capturados y sus antecedentes
Los detenidos fueron identificados como Piravagüen Murillo, de 25 años y residente en la localidad de Suba, y Andrés Stiven Moreno Velásquez, de 27 años. La captura reveló datos alarmantes sobre el historial delictivo de Murillo, quien al momento de su aprehensión llevaba visiblemente un brazalete electrónico del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) en su tobillo.
Este sujeto cuenta con un extenso prontuario que incluye:
- Tres sentencias por hurto calificado
- Una condena por hurto agravado
- Una pena de 6 años de prisión que cumplía bajo el beneficio de detención domiciliaria
- Antecedentes de reclusión en una cárcel del departamento del Meta
Por su parte, Moreno Velásquez había estado vinculado a un proceso por hurto en 2016, pero fue absuelto por la justicia en febrero de 2018 al no aceptar los cargos en su contra.
Métodos utilizados para evadir a las autoridades
La investigación policial determinó que los delincuentes empleaban una estrategia sofisticada para burlar los controles de seguridad. Según el reporte oficial, utilizaban dos motocicletas identificadas con las placas QDO37G (conducida por Moreno Velásquez) y GAC77E, tipo Pulsar (utilizada por Murillo).
Su modus operandi consistía en cambiar el color de los vehículos después de cometer los robos, una táctica diseñada específicamente para confundir el seguimiento de las autoridades en las principales vías de la ciudad. Este hallazgo revela un nivel de planificación que preocupa a los organismos de seguridad.
Reacción institucional y cuestionamientos al sistema
El caso ha generado una fuerte reacción por parte de las autoridades locales, especialmente del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, quien públicamente cuestionó la efectividad del sistema de justicia colombiano. A través de sus redes sociales, el mandatario capitalino expresó su preocupación por la situación.
"Vuelve y juega. Hoy la Policía frustró un hurto frente al CAN y capturó a dos ladrones. Uno de ellos tiene una condena de 6 años en detención domiciliaria y llevaba brazalete electrónico", reveló Galán en su cuenta de X (antes Twitter).
Llamado urgente al Ministerio de Justicia
El alcalde hizo un enérgico llamado al Gobierno Nacional, específicamente al Ministerio de Justicia, para que revise con máxima urgencia los mecanismos de control sobre las personas que cumplen penas bajo el régimen de detención domiciliaria.
"No puede ser que quienes deberían estar cumpliendo su pena en casa sigan delinquiendo en las calles. La seguridad de los ciudadanos exige decisiones firmes, coordinación institucional y, sobre todo, coherencia en la aplicación de la justicia", sentenció Galán en su publicación, acompañada de un video donde detalla su postura frente al caso.
Preocupaciones sobre el sistema de vigilancia electrónica
Este incidente se produce en un contexto particularmente sensible, poco después de otra captura similar registrada en la localidad de Puente Aranda, donde otro delincuente también portaba un dispositivo de vigilancia del Inpec. La recurrencia de estos casos ha encendido las alarmas dentro del propio instituto penitenciario.
Las autoridades han manifestado preocupación por posibles fallas de conexión en los equipos electrónicos de monitoreo, lo que permitiría a personas bajo régimen de detención domiciliaria movilizarse fuera de sus hogares sin ser detectadas. Esta situación adquiere mayor relevancia considerando los recientes eventos reportados en la cárcel de Itagüí, que ya habían puesto en la mira al Inpec.
El caso del CAN plantea serias interrogantes sobre la efectividad real de los sistemas de vigilancia electrónica y la capacidad institucional para garantizar que las condenas se cumplan efectivamente, especialmente en modalidades alternativas a la prisión tradicional. La seguridad ciudadana en Bogotá enfrenta así un nuevo desafío que requiere respuestas coordinadas y efectivas por parte de todas las entidades involucradas en la administración de justicia.
