El Tribunal Superior de Cartagena de Indias ha dictado una condena de 33 años y cuatro meses de prisión contra el patrullero de la Policía Nacional Octavio Darío Porras, responsable del asesinato de un joven futbolista de 17 años ocurrido en 2020 en esa ciudad caribeña. La información fue confirmada este sábado por la Fiscalía General de la Nación.
Antecedentes del caso
En enero de este año, un juez de primera instancia había impuesto una pena de 44 años y dos meses de prisión a Porras, además de condenar a otros dos uniformados a penas de entre 13 y 14 años. Sin embargo, el tribunal de segunda instancia revisó la sentencia, modificó las condenas y absolvió a los otros dos implicados.
Detalles del crimen
Según la investigación, el 24 de agosto de 2020, el patrullero llegó a un lavadero de carros en el barrio San Francisco de Cartagena, donde agredió al adolescente Harold David Morales porque, según la Fiscalía, “no le dio información precisa sobre los horarios de atención del establecimiento”. El joven, quien asistía a una escuela de fútbol en Cali y se encontraba temporalmente en Cartagena, intentó huir para evitar la agresión, pero fue perseguido por Porras, quien le disparó en el abdomen, causándole la muerte.
Maniobras para encubrir el delito
El tribunal también estableció que el uniformado incurrió en “maniobras para intentar justificar su actuación”, entre ellas la alteración de reportes oficiales en los que afirmó que el menor era miembro de una pandilla y que supuestamente lo había atacado con un arma. No obstante, los análisis balísticos y otras pruebas demostraron que esa versión era falsa: el joven no portaba armas y el artefacto presentado no era apto para disparar.
Absolución de otros implicados
En la misma decisión, el tribunal absolvió a los patrulleros Iván Darío Olivo de Ávila y Juan Esteban Gómez, quienes habían sido condenados en primera instancia por favorecer el encubrimiento y por falsedad en documento público.
Reacciones y contexto
El caso ha generado indignación en la opinión pública, especialmente por la violencia desmedida contra un menor de edad. La condena, aunque inferior a la inicial, reafirma la responsabilidad del agente en un hecho que conmocionó a la comunidad cartagenera y al país.
