Escándalo de inteligencia: exoficial del DNI vinculado a redes de contrabando
Según fuentes policiales de alto nivel, generó profunda extrañeza dentro de la institución que en 2025 el mayor retirado César Augusto Ortiz Ortiz llegara a la Dirección Nacional de Inteligencia y se posicionara como uno de los principales colaboradores del entonces director Jorge Lemus. El oficial, llamado a calificar servicios el 5 de abril de 2025 tras recomendación de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa, enfrenta múltiples señalamientos por presuntos vínculos con organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico y contrabando en la frontera colombiana.
Los '12 apóstoles' y los nexos con 'Papá Pitufo'
Las investigaciones revelan que cuando Ortiz se desempeñaba como jefe de la Sijín en La Guajira durante 2023, fue mencionado dentro de un grupo de doce policías -conocidos coloquialmente como los '12 apóstoles'- que presuntamente extorsionaba y recibía coimas de redes de narcotráfico que operaban en la zona fronteriza enviando droga hacia Estados Unidos por el Caribe. Sin embargo, el caso se complicó considerablemente en 2024 cuando fue vinculado por el general William Salamanca a la Interpol, logrando posteriormente ocupar el segundo cargo más importante dentro de la entidad de inteligencia.
Desde esa posición, Ortiz lideró una operación contra Diego Marín Buitrago, alias 'Papá Pitufo', reconocido zar del contrabando, pero terminó siendo salpicado por presuntas conexiones con su organización criminal. Fuentes consultadas revelaron que Ortiz, junto con el coronel retirado Mario Durán, exdirector de la Interpol, habrían intentado frenar la circular roja internacional contra 'Papá Pitufo', lo que motivó que el general Salamanca designara a un alto oficial para que se hiciera cargo personalmente del caso.
"Ortiz perdió prueba de polígrafo relacionada con la obtención de información sobre contrabando... trabajaba para la organización de Diego Marín, le entregaba información confidencial, realizaba acuerdos para favorecerlos y manipulaba procesos judiciales", afirmó una fuente con conocimiento directo de las investigaciones. Estos graves señalamientos generaron enorme sorpresa que un oficial con tales antecedentes llegara a dirigir áreas sensibles de la entidad que maneja toda la información de inteligencia del Estado colombiano.
La defensa legal y las acusaciones de persecución
EL TIEMPO tuvo acceso exclusivo a una demanda interpuesta por Ortiz contra el Ministerio de Defensa, donde solicita la nulidad del acta de su llamado a calificar servicios y se defiende vigorosamente de todas las acusaciones. En el documento, el mayor retirado sostiene que acumuló más de veinte años de servicio impecable y fue objeto de múltiples condecoraciones y felicitaciones durante su carrera.
Recalcó específicamente que nunca fue objeto de sanción disciplinaria alguna y argumentó que su retiro forzado obedeció únicamente a su participación en una investigación contra la organización liderada por Diego Marín Buitrago. "Esta investigación derivó en acoso laboral sistemático y desviación de poder, dado que reveló presuntas vinculaciones de funcionarios de la Policía Fiscal, la Dian e incluso miembros de la Fiscalía y la Rama Judicial con la organización criminal", afirmó Ortiz en su demanda.
Agregó que, entre los presuntos involucrados identificados durante la investigación, "se encontró al brigadier general Heinar Giovany Puentes Aguilar, director de la Policía Fiscal, quien citó y participó activamente en la Junta Asesora del Ministerio de Defensa del 5 de abril de 2025 que recomendó mi retiro". A pesar de los intentos de este medio por contactar al abogado defensor de Ortiz para conocer su versión completa, no se obtuvo respuesta al momento del cierre de esta investigación periodística.
La ruptura entre Petro y Lemus
Según fuentes internas de la Dirección Nacional de Inteligencia, Wílmar Mejía, entonces director de Inteligencia -una de las dependencias clave del DNI-, alertó directamente a Jorge Lemus y posteriormente al presidente Gustavo Petro sobre las graves investigaciones contra el mayor retirado Ortiz y sus presuntos nexos con 'Papá Pitufo'. Estas conexiones nublaban los acercamientos autorizados que, según versiones oficiales, buscaban lograr que el señalado jefe del contrabando colaborara con la justicia colombiana mediante mecanismos de sometimiento.
Las mismas fuentes aseguraron que el primer mandatario solicitó explicaciones detalladas a Lemus y exigió el retiro inmediato de la entidad del cuestionado asesor. Sin embargo, la salida efectiva de Ortiz solo se materializó un mes antes de que el propio Lemus presentara su renuncia en enero pasado, lo que sugiere una conexión temporal directa entre ambos eventos.
Versiones internas indican que el presidente Petro, ante la evidencia de estos 'vínculos comprometedores', habría solicitado formalmente la renuncia de tres altos funcionarios: Jorge Lemus, César Augusto Ortiz y Ricardo Rey Rosanía, director de contrainteligencia. Los tres abandonaron sus cargos casi simultáneamente, generando un vacío de liderazgo en áreas sensibles de la inteligencia colombiana.
"Ellos dos salieron en diciembre. Rosanía aseguró que se iba a dedicar a actividades políticas, apoyando algunas candidaturas específicas, y el coronel Ortiz, quien no ocupaba un cargo particularmente alto en la entidad, no recuerdo las razones exactas de su renuncia", declaró Lemus a la Unidad Investigativa de EL TIEMPO el 14 de enero, en lo que pareció un intento por distanciarse del caso.
Repercusiones políticas y declaraciones presidenciales
Este complejo contexto explicaría los mensajes públicos del presidente Petro tras la revelación de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol sobre las reuniones entre Lemus y Luis Felipe Ramírez, abogado defensor de 'Papá Pitufo'. En las grabaciones filtradas, se habría ofrecido un cupo en los procesos de 'paz total' a cambio de la comparecencia voluntaria del narcotraficante.
"Que agentes de la DNI se ofrecieron a contactar a Marín para traerlo a Colombia voluntariamente, indudablemente", afirmó el mandatario colombiano, agregando inmediatamente que algunos de esos emisarios solicitaron dinero a cambio de la negociación e incluso realizaron falsas ofertas institucionales. Estas declaraciones presidenciales reflejan la profundidad de la crisis de credibilidad que afectaba a la Dirección Nacional de Inteligencia durante ese período.
Los intentos de este medio por contactar directamente a Jorge Lemus y Ricardo Rey Rosanía para obtener sus versiones sobre los eventos no obtuvieron respuesta, dejando numerosas interrogantes sobre la dimensión real del escándalo y sus consecuencias institucionales. La investigación judicial continúa avanzando mientras se analizan las posibles responsabilidades penales y disciplinarias de todos los involucrados en este caso que ha conmocionado los círculos de inteligencia y seguridad nacional colombianos.
