Alcalde Galán denuncia grave incoherencia en política criminal del país
Mientras las autoridades presentaban en Bogotá a 23 peligrosos delincuentes pertenecientes a la banda criminal 'El Mesa', uno de los grupos más temidos del país, se revelaba que al cabecilla y cofundador de esta estructura le habían suspendido la orden de captura para incorporarlo como gestor de paz. Este contraste ha generado indignación en el alcalde capitalino, Carlos Fernando Galán, quien calificó la situación como una incoherencia grave en la lucha contra la delincuencia.
Operativo simultáneo en cuatro departamentos
En una operación coordinada entre la DIJIN, la Fiscalía y la Policía Metropolitana de Bogotá, fueron capturados 23 presuntos integrantes de 'El Mesa' en acciones simultáneas desarrolladas en Bogotá, Soacha, Cesar y Tolima. Entre los detenidos se encuentran sicarios, coordinadores de microtráfico, expendedores de droga y extorsionadores, todos parte del organigrama criminal de esta banda.
"Hoy en Bogotá anunciamos que fueron capturados 23 miembros de la banda 'El Mesa', entre ellos 8 sicarios", afirmó el alcalde Galán durante la presentación de los resultados del operativo. "Mientras tanto, el Gobierno Nacional nombra al cabecilla de esa banda como gestor de paz y le levantó la orden de captura por una negociación que no solo no tiene ningún resultado positivo, sino que es peligrosa e irresponsable", añadió con evidente frustración.
El controvertido caso de 'El Montañero'
La figura central de esta polémica es Gustavo Adolfo Pérez Peña, conocido con el alias 'El Montañero', un exguerrillero del Ejército Popular de Liberación (EPL) que cofundó la banda 'El Mesa'. A pesar de su extenso historial delictivo, que incluye múltiples capturas por delitos graves, ahora ha sido designado como gestor de paz en el marco de las mesas de paz urbana.
Según las investigaciones de las autoridades, esta estructura criminal habría nacido en Bello, Antioquia, y habría expandido su influencia a departamentos como Caldas y Cundinamarca, así como a ciudades como Cartagena y Tunja. A Bogotá llegó en 2012, donde rápidamente ganó poder dentro del mapa criminal capitalino.
Modus operandi violento y expansivo
La banda 'El Mesa' operaba utilizando fachadas de taxistas para transportar estupefacientes y armas de fuego desde Usme hacia Suba, estableciendo rutas de tráfico que generaron violencia y temor entre la ciudadanía. Su estrategia incluía la eliminación mediante homicidios de miembros y jefes de otras bandas delincuenciales para tomar control territorial.
Durante los allanamientos realizados en el marco del operativo, las autoridades incautaron celulares, armas de fuego, agendas contables y documentos que evidencian la sofisticación operativa de esta organización criminal. Los investigadores también han establecido vínculos de 'El Mesa' con grupos como el ELN y las disidencias del Estado Mayor Central de las FARC, e incluso con el temido Tren de Aragua.
Historial delictivo del cabecilla
'El Montañero' acumula un extenso prontuario que incluye delitos como:
- Tentativa de homicidio
- Tentativa de hurto agravado y calificado
- Cohecho
- Concierto para delinquir
- Porte ilegal de armas
- Falsedad en documento público
Además, ha sido señalado de participar en el hurto de un carro de valores en Bogotá, lo que demuestra la diversidad de sus actividades ilícitas.
Reacción política y debate nacional
El alcalde Galán fue contundente en su crítica: "Mientras que aquí se lucha contra esa banda, a nivel nacional, al jefe, un señor alias Montañero, le quitan la orden de captura y lo nombran gestor de paz. Así es muy jodido luchar contra la delincuencia en el país". El mandatario calificó este caso como una "incoherencia de la política criminal del país" que dificulta seriamente los esfuerzos de las autoridades locales.
Desde algunos sectores políticos ya se han iniciado movimientos para intentar tumbar la resolución con la que la Fiscalía levantó las órdenes de captura en contra de 'El Montañero' y otros 23 peligrosos delincuentes en el país. "Es hora de dar la discusión: no más beneficios para delincuentes peligrosos que deberían estar en la cárcel", sostuvo Galán, planteando un debate nacional sobre la coherencia de las políticas de seguridad.
Este caso pone en evidencia las tensiones entre las estrategias de seguridad local implementadas en Bogotá y las políticas nacionales de negociación y paz, generando un debate sobre los límites de la reconciliación cuando se trata de delincuentes de alta peligrosidad con historiales violentos extensos.
