Informe de la ONU sobre mercenarios colombianos genera polémica con el sector de vigilancia
Un reciente informe del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre el uso de combatientes en el extranjero ha desatado un intenso debate en Colombia al revelar que más de 10.000 colombianos habrían sido reclutados para participar en conflictos armados fuera del país. El documento, que traza rutas y destinos específicos, ubica presencia de nacionales en escenarios bélicos como el Congo, Rusia, Somalia, Sudán, Ucrania y Yemen.
Patrones de reclutamiento y canales utilizados
Según el reporte de la ONU, este fenómeno no se limita únicamente a frentes de combate directos. También incluye procesos de entrenamiento orientados a la prestación de servicios de seguridad privada en regiones de Oriente Medio, particularmente en Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos. La organización internacional advierte que esta práctica se ha sostenido a través de diversos canales, entre los que destacan:
- Plataformas digitales como Facebook, Instagram, Telegram, TikTok y WhatsApp que funcionan como vitrinas de 'convocatorias'
- El voz a voz que sigue operando entre conocidos, antiguos compañeros militares y contactos dentro y fuera del país
- Intermediarios como empresas de seguridad privada, agencias de viajes, firmas de contratación e incluso particulares
"En esa cadena aparecen distintos intermediarios, y a esto se suman vacíos legales, las dificultades para controlar la libre circulación y la falta de herramientas para exigir responsabilidades a reclutadores y empresas", explica detalladamente el informe de la ONU.
Respuesta contundente del sector de seguridad privada
Frente a estas conclusiones, la Asociación Colombiana de Empresas de Seguridad (ACES) ha fijado una posición firme cuestionando los alcances y precisiones del informe. "Las empresas de seguridad privada no operan en una zona gris", afirmó el gremio, destacando que son cerca de 800 empresas que actúan en Colombia con licencia de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y bajo su estricto control.
Desde la agremiación se insiste en que estas son empresas formales, legalmente establecidas, por lo que "no pueden mezclarse ni equipararse con las empresas ilegales o piratas que operan sin licencia". Además, ACES señala que dentro de sus funciones no está promover el reclutamiento de mercenarios y exige mayor precisión en los señalamientos.
Cuestionamientos a las cifras y generalizaciones
El director ejecutivo de ACES, Julio César Vásquez Higuera, ha sido enfático al señalar que el informe "contiene errores" en las cifras del sector. "Es falso que sean 1.351 empresas de seguridad privada registradas ante la Superintendencia como habilitadas para operar", afirmó, instando a confrontar los datos oficiales de la entidad reguladora.
El gremio también cuestiona otras cifras presentadas en el documento:
- El sector no emplea más de 400.000 personas como indica el informe, sino aproximadamente 370.000
- Esta cifra incluye guardas de seguridad, supervisores, operarios de medios tecnológicos, escoltas y personal administrativo
- Se rechaza la afirmación sobre más de 60.000 armas sin licencia circulando en Colombia
"Sería importante consultar con la Superintendencia cuántas empresas con licencia ha detectado o sancionado por incurrir en estas prácticas, antes de lanzar un manto de duda sobre todo el sector", argumentó Vásquez Higuera.
Preocupación por generalizaciones injustas
Uno de los puntos que más preocupa al sector es la posible generalización que podría derivarse del informe. "También la ONU debe citar con nombres propios a las empresas de seguridad privada que incurren en esta contratación de mercenarios", exigió el gremio, añadiendo que "si hay 3 o 5 empresas problemáticas frente a 800 existentes, es claro que la generalización es injusta y desproporcionada".
El informe también menciona la posible relación de algunas empresas con estructuras del crimen organizado, aspecto que ACES aborda señalando que, según su conocimiento, "se han mencionado 6 o 7 empresas del panorama de las 800 relacionadas".
Este debate se produce en un contexto donde la regulación y supervisión del sector de seguridad privada en Colombia continúa siendo un tema de discusión nacional, especialmente en lo relacionado con prácticas irregulares y el control efectivo de las actividades que realizan estas empresas tanto dentro como fuera del territorio colombiano.
