Un pastor cristiano en Barranquilla se encuentra en el centro de una fuerte controversia luego de que las autoridades confirmaran el desalojo del lugar donde opera su iglesia, debido a una millonaria deuda por concepto de arrendamiento que, según el Gobierno, supera los 2.200 millones de pesos.
Detalles del caso
La diligencia de desalojo será ejecutada este 7 de mayo por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) en el predio conocido como ‘Tito Bolos’, un lote de más de 5.000 metros cuadrados ubicado en el sector Altos del Limón, en Barranquilla. El inmueble no es cualquier espacio: allí funcionó durante años una bolera con restaurante, barra para distribución de licores, cocina industrial, oficinas, vestidores y un parqueadero con capacidad para más de 40 vehículos. Actualmente, el lugar alberga a la Iglesia Vida Abundante, una congregación cristiana que lleva casi tres décadas operando en el sitio.
De acuerdo con la SAE, la iglesia —operada por la Fundación Cristiana Latinoamericana de Colombia— habría ocupado el inmueble de forma irregular entre 2020 y abril de 2026, acumulando una deuda superior a los 2.227 millones de pesos por cánones de arrendamiento no pagados.
El pastor y su iglesia
Detrás de la fundación está el pastor Jorge Freyle Lozano, quien actúa como representante legal y principal predicador del templo. Su esposa, Margarita de Freyle, también ejerce labores pastorales y ha participado en programas sociales dirigidos a comunidades vulnerables del Atlántico y La Guajira. Según la entidad estatal, los contratos de arrendamiento habrían finalizado en noviembre de 2025, pero la congregación continuó ocupando el predio e incluso amplió el uso del inmueble, pasando de dos locales autorizados a cuatro sin contar con un contrato vigente.
“La recuperación del inmueble busca proteger los recursos públicos y garantizar su uso dentro de la legalidad”, explicó Constanza Jiménez, directora de Seguimiento y Control de Liquidaciones de la SAE. El terreno hace parte de bienes incautados tras procesos de extinción de dominio contra el clan narcotraficante Nasser Arana y actualmente pertenece al Estado colombiano.
La versión del pastor
La defensa del pastor ofrece una versión completamente distinta. El abogado Fernando Rodríguez aseguró que la SAE no tendría competencia para ordenar el desalojo sin intervención de un juez. Según la defensa, la fundación ha invertido cerca de 2.500 millones de pesos en mantenimiento, vigilancia y adecuaciones del predio, gastos que —afirman— deberían compensarse con el valor del arriendo. “El techo se ha caído y nosotros hemos respondido. Incluso tendrá que establecerse si nos deben a nosotros”, sostuvo el abogado. También niegan que los contratos hayan terminado y aseguran que existieron autorizaciones para la utilización de los espacios adicionales.
Lo que viene ahora
Pese a las acciones legales interpuestas por la iglesia, la SAE confirmó que mantiene en firme la diligencia de recuperación del inmueble y la futura subasta del predio. Desde la congregación anunciaron que se opondrán al procedimiento e incluso contemplan realizar manifestaciones en los alrededores del lugar para impedir el desalojo. El caso enfrenta dos versiones opuestas: la del Estado, que habla de ocupación irregular y millonaria mora, y la del pastor, que asegura ser víctima de una decisión administrativa injusta que podría dejar sin sede a decenas de feligreses.
