Más de un mes después de la infame parranda vallenata en la cárcel de Itagüí, organizada por cabecillas de grupos criminales del Valle de Aburrá, las consecuencias siguen llegando. La celebración, que costó más de 500 millones de pesos y contó con la presentación del cantante Nelson Velásquez, no fue autorizada por el Inpec ni por el Gobierno Nacional. Los dos principales involucrados, alias Pocho y alias Lindolfo, ya enfrentan las repercusiones.
El cumpleaños de alias Pocho
Paulo Andrés Torres Flórez, alias Pocho, cabecilla de 'La Agonía', fue uno de los motivos de la fiesta. Su cumpleaños número 39 era el 10 de abril, pero se celebró el 8 de abril. 'Pocho', condenado a 36 años y 10 meses por el asesinato de la lideresa Liliana Patricia Cataño Montoya, fue el primero en ser trasladado: del penal de Itagüí al de Girón, Santander. Esto ocurrió días después de que el presidente Gustavo Petro ordenara el traslado de todos los involucrados, pero hasta ahora solo él ha sido movido.
La libertad condicional de alias Lindolfo
El segundo motivo de la parranda fue la posible libertad condicional de Sebastián Murillo Echeverri, alias Lindolfo, cabecilla de 'La Oficina'. Condenado a 18 años por homicidio y otros delitos, su defensa había solicitado el beneficio. Sin embargo, el 21 de abril, un juez negó la solicitud. La defensa apeló y el proceso está pendiente. Así, ambos cabecillas ya enfrentan consecuencias, aunque aún quedan cabos sueltos.
Investigación a funcionarios del Inpec
La Procuraduría abrió investigación disciplinaria contra 12 funcionarios del Inpec por su participación en la parranda, y los suspendió provisionalmente por tres meses. Además, se compulsaron copias a la Fiscalía para investigar al subdirector y al director de la cárcel.
