La Procuraduría General de la Nación ha encendido las alarmas sobre la seguridad aérea en Colombia tras divulgar un informe que cuestiona profundamente la gestión de la Aeronáutica Civil. De acuerdo con un documento conocido por la Unidad Investigativa de Caracol Radio, la entidad "no planea de manera suficiente", sino que reacciona ante emergencias, lo que ha motivado la solicitud formal de apertura de investigaciones para establecer responsabilidades.
Procuraduría cuestiona la planeación de la Aerocivil y pide investigación
El informe, elaborado a partir de seguimientos realizados entre 2025 y 2026, concluye que la autoridad aérea enfrenta un problema estructural que compromete su capacidad para prevenir riesgos. La Procuraduría fue enfática al señalar que las acciones adoptadas por la entidad "no resultan suficientes para satisfacer plenamente los criterios de oportunidad y de enfoque preventivo", lo que pone en duda la gestión institucional del riesgo.
El documento advierte que la Aerocivil ha estado operando bajo un modelo reactivo, actuando solo cuando los incidentes están en curso o incluso después de que ocurren. Este hallazgo se sustenta en múltiples evaluaciones técnicas y visitas realizadas por el Ministerio Público, que revisaron desde la infraestructura hasta la gestión operativa y contractual del sistema aeronáutico.
Para el ente de control, este enfoque representa una falla crítica en un sector donde la anticipación es clave para evitar accidentes. En ese sentido, la Procuraduría elevó el nivel de preocupación al considerar que las deficiencias podrían trascender lo operativo e involucrar decisiones estratégicas dentro de la dirección de la entidad.
Fallas técnicas, sobrecarga operativa y sistemas obsoletos en el radar
Uno de los puntos más sensibles del informe se centra en los hallazgos técnicos relacionados con la seguridad operacional. La Procuraduría identificó una alta carga de trabajo en los controladores aéreos, insuficiencia de personal y problemas de coordinación entre autoridades civiles y militares, evidentes tras un incidente ocurrido el 20 de febrero de 2026 en el Aeropuerto El Dorado.
Ese episodio, en el que un avión tuvo que abortar su despegue por el cruce inesperado de un helicóptero militar, dejó al descubierto fallas como la ausencia de estándares procedimentales, interferencias en las comunicaciones y limitaciones en la visibilidad desde la torre de control. La Procuraduría señaló que incluso hubo falta de información oportuna hacia la aeronave afectada, un hecho considerado grave.
A esto se suma un panorama preocupante en materia de infraestructura. El informe menciona la obsolescencia de radares, sistemas de comunicación y equipos críticos, algunos de los cuales operan en condiciones de contingencia y requieren reparaciones constantes tras haber superado su vida útil. De hecho, la Aeronáutica Civil habría reconocido estas limitaciones en documentos internos revisados por el organismo de control.
Riesgos estructurales y posibles responsabilidades en la dirección
Las conclusiones del Ministerio Público van más allá de un diagnóstico técnico y apuntan a eventuales responsabilidades en los niveles directivos. El informe sostiene que las fallas detectadas "no se circunscriben exclusivamente a niveles operativos", sino que podrían involucrar aspectos como la planeación estratégica, la priorización de recursos y los mecanismos de supervisión interna.
Bajo este contexto, la Procuraduría planteó la necesidad de determinar si existieron omisiones en la toma de decisiones para mitigar riesgos previamente identificados. "Resulta necesario evaluar si se adoptaron de manera oportuna y suficiente las decisiones de carácter estratégico requeridas para su mitigación", advierte el documento, dejando abierta la puerta a eventuales procesos disciplinarios.
El organismo de control también señaló que los problemas identificados son concurrentes y que existe coincidencia entre los hallazgos técnicos, los incidentes operacionales y las advertencias realizadas por actores del sector aeronáutico. Este cruce de evidencias refuerza la hipótesis de un deterioro estructural en la gestión del sistema aéreo colombiano.
Como consecuencia, la Procuraduría solicitó avanzar en investigaciones para individualizar a los responsables y revisar el cumplimiento de protocolos clave en materia de planeación, inversión en infraestructura crítica y gestión del riesgo operacional.
