La Imprenta Nacional no podrá asumir plenamente el proceso de inmediato. Pese a la liquidación del contrato de pasaportes el pasado 30 de abril, Thomas Greg and Sons seguirá personalizando los documentos de viaje colombianos por un tiempo más. La razón no es política sino logística, y su nombre técnico es “stock”.
Inventario de libretas pendientes
Así se desprende de lo conocido tras la liquidación del contrato que vinculaba a la unión temporal a la que pertenece Thomas Greg & Son con el Estado colombiano. La empresa colombiana aún mantiene en su poder un inventario considerable de libretas de pasaporte ya elaboradas que, por sus características técnicas, solo pueden ser personalizadas mediante las máquinas de la misma compañía. Ese material no puede ser simplemente descartado, pues hacerlo podría configurar un detrimento patrimonial para el Estado, lo que obliga a agotarlo en su totalidad antes de poner en marcha el nuevo esquema.
La canciller Rosa Yolanda Villavicencio Mapy precisó que ese inventario asciende aproximadamente a 203.000 libretas disponibles para expedir de manera inmediata. Mientras ese volumen no se agote, la transición hacia el modelo que el Gobierno ha diseñado con la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal no podrá materializarse de forma plena.
Nuevo modelo de pasaportes con dudas abiertas
El 1 de abril se presentó oficialmente el nuevo esquema de producción del nuevo documento oficial que reemplazará al anterior. El nuevo modelo contempla que Colombia asuma de manera progresiva el control total sobre la expedición de sus documentos de identidad, meta que, según la canciller Villavicencio, se lograría en un horizonte de diez años. El proceso incluye diferentes fases de implementación tecnológica, entre ellas la capacitación del personal y adecuación de las instalaciones, en un esquema que involucra a la Imprenta Nacional como operador principal y a la Casa de la Moneda de Portugal como socio internacional.
Durante un debate de control político, la jefa de la cartera diplomática defendió los términos económicos del convenio. Explicó que el contrato de diez años tiene un valor de 1,3 billones de pesos y que no exige vigencias futuras por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, pues esa responsabilidad recae sobre la Imprenta Nacional como operador. Respecto al costo de la fase de transición, señaló que el contrato suscrito entre el Fondo Rotatorio del Ministerio y la Imprenta Nacional, para el periodo comprendido entre septiembre y diciembre, está valorado en alrededor de 185.000 millones de pesos, que se pagarán de manera escalonada conforme se vaya facturando el servicio, en las mismas condiciones que regían con el proveedor anterior.
Dos demandas amenazan con tumbar el contrato
La defensa gubernamental del nuevo modelo de pasaportes se desarrolla en paralelo a dos procesos judiciales que buscan dejarlo sin efecto por presuntas irregularidades en su elaboración. El primero es una acción popular interpuesta por el ciudadano Nicolás Dupont; el segundo, una demanda radicada por la Procuraduría General de la Nación, que, con su intervención, eleva significativamente la presión institucional sobre el convenio.
La coincidencia entre el momento de mayor tensión política en torno a Thomas Greg —empresa a la que el presidente Petro ha vinculado en sus señalamientos personales con intereses electorales, sin comprobar nada— y la necesidad práctica de mantenerla activa durante la transición revela la complejidad de un proceso que el Gobierno quiso presentar como una ruptura limpia con el pasado, pero que la realidad ha tornado considerablemente más intrincado.
