Un dato incómodo: la violencia casi simétrica en Colombia
Colombia enfrenta una realidad estadística profundamente preocupante: por cada millón de habitantes, mueren 2,39 policías asesinados, mientras que la fuerza pública causa 3,41 muertes por millón. Este cálculo arroja un cociente de 1,4, lo que revela una situación inquietante donde la violencia muestra una simetría casi perfecta entre lo que el Estado pierde y lo que produce.
Comparación internacional: un contraste revelador
Al observar otros países, las diferencias son abismales. En México, el crimen organizado mata muchos más policías de los que la policía mata a civiles, con un índice de 0,3. Brasil presenta una realidad opuesta, donde la policía mata doce veces más de lo que pierde en enfrentamientos. Pero lo verdaderamente ilustrativo emerge al analizar naciones con altos estándares de seguridad.
En Estados Unidos y Canadá, la relación alcanza 20, mientras que en Argentina se sitúa en 10. El Reino Unido mantiene un cociente cercano a 5, y en los países escandinavos, la letalidad policial prácticamente se aproxima a cero, con policías asesinados siendo casos casi inexistentes. En estas sociedades, simplemente no existe la espiral de violencia que caracteriza otros contextos.
La diferencia institucional y moral
La disparidad no responde a factores culturales, sino que tiene raíces institucionales y morales profundas. En sociedades donde las tasas de homicidio general son bajas, atacar a un miembro de la policía genera un rechazo inmediato, transversal y contundente por parte de toda la comunidad. El costo social de tales acciones es extremadamente elevado, y la tolerancia hacia estos actos resulta mínima.
El crimen no encuentra aplauso, justificación romántica ni ambigüedad en estos contextos. En Colombia, por el contrario, hemos desarrollado una peligrosa capacidad de relativización. Se justifica al que bloquea vías 'por desesperación', se minimiza al que extorsiona 'por falta de oportunidades', y se explica al que dispara 'porque el Estado falló primero'. Cada una de estas explicaciones reduce progresivamente el costo moral del delito.
La normalización de la violencia
Mientras se analizan estas cifras, en ciudades como Cali se repiten rituales violentos en instituciones como la Universidad del Valle, donde artefactos explosivos buscan destruir, sembrar terror y herir o matar policías. Esta situación se mantiene durante años, afectando a comunidades enteras, y sin embargo, se ha convertido en parte del paisaje urbano normalizado.
Resulta difícil comprender cómo esta patanería criminal continúa siendo tolerada, cómo no existe una autoridad capaz de imponer el orden de manera efectiva, y cómo se ha normalizado la violencia de unos pocos como si formara parte natural del ecosistema urbano. La tolerancia con la ilegalidad no humaniza la sociedad; por el contrario, la vuelve más peligrosa, y quienes siempre pagan las consecuencias son los mismos: los sectores más pobres y vulnerables.
Justificaciones que perpetúan el ciclo
La violencia se perpetúa a través de justificaciones constantes. La comodidad moral de quienes explican lo inaceptable, suavizan lo criminal y terminan posicionándose del lado del victimario contribuye a mantener este ciclo destructivo. Una sociedad que excusa a quienes asesinan policías no es simplemente una sociedad injusta; es una sociedad enferma que, en su distorsión, contribuye activamente a la injusticia social.
Esta dinámica encuentra expresión en discursos que, bajo etiquetas progresistas, terminan por incrementar las condiciones que permiten la violencia. El autor, Alberto Castro Zawadski, médico oftalmólogo y especialista en cirugía vitreoretinal, con amplia experiencia como docente universitario y gestor de la Clínica de Oftalmología de Cali, señala cómo estas distorsiones tienen consecuencias concretas en la vida comunitaria.
La solución requiere un cambio profundo en la percepción social de la violencia, un fortalecimiento institucional real y un rechazo colectivo a cualquier forma de justificación de actos criminales contra los agentes del Estado.
