Capturan en Bogotá y Pereira a dos presuntos cabecillas del secuestro masivo de 28 policías en El Plateado, Cauca
Capturan a dos presuntos responsables de secuestro de 28 policías en Cauca

Operativo conjunto desarticula red responsable del secuestro masivo de policías en el Cañón del Micay

En un megaoperativo coordinado entre la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, fueron capturadas dos personas señaladas como presuntos responsables de planificar y ejecutar el secuestro de 28 integrantes de la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo) y un oficial del Ejército Nacional. Este grave hecho ocurrió el 6 de marzo de 2025 en el corregimiento de El Plateado, municipio de Argelia, departamento del Cauca.

Detalles de las capturas en Pereira y Bogotá

Las detenciones se realizaron en dos ciudades diferentes luego de una investigación exhaustiva que se extendió durante siete meses. El pasado 21 de febrero, funcionarios del Grupo Antiextorsión y Antisecuestro (Gaula) de la Policía se desplazaron hasta Pereira, donde lograron la primera captura. Un día después, el 22 de febrero, las autoridades ejecutaron la segunda aprehensión en el barrio Fátima, localidad de Tunjuelito, al sur de Bogotá.

Según información oficial, el detenido en la capital colombiana sería el presidente de una asociación campesina que, presuntamente, habría impulsado la movilización comunitaria contra los miembros de la Fuerza Pública. Los nombres y rostros de los procesados permanecen ocultos mientras avanzan las investigaciones judiciales.

Reconstrucción de los hechos del 6 de marzo de 2025

Los sucesos se remontan a cuando integrantes de la Fuerza Pública adelantaban operaciones de control territorial contra estructuras criminales que operan en el estratégico Cañón del Micay, considerado un bastión para el narcotráfico de las disidencias de las Farc. Durante estas labores, un grupo de personas rodeó a los uniformados y los obligó a detener sus actividades.

De acuerdo con la investigación fiscal, la multitud no solo bloqueó el accionar institucional, sino que también despojó a los uniformados de parte de sus elementos de dotación. Posteriormente, los trasladaron en contra de su voluntad hasta el coliseo del corregimiento de El Plateado, donde permanecieron retenidos durante aproximadamente 36 horas.

Condiciones del cautiverio y exigencias de los captores

Durante el tiempo que estuvieron privados de la libertad, los 29 uniformados habrían sido sometidos a presiones físicas y psicológicas significativas. Según testimonios recopilados por las autoridades, sus captores exigían el cese inmediato de las operaciones oficiales y la salida completa de la Fuerza Pública del territorio.

La Policía Nacional reveló que incluso se registraron amenazas explícitas contra los secuestrados, advirtiéndoles que serían entregados al Frente Carlos Patiño -una estructura de las disidencias de las Farc con fuerte presencia en la región- si no se cumplían las exigencias planteadas.

Respuesta institucional y declaraciones oficiales

Tras la liberación de los funcionarios, las autoridades iniciaron un proceso investigativo riguroso que permitió identificar a quienes, presuntamente, habrían instigado o coordinado la movilización que derivó en el secuestro colectivo. Los capturados ya fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales competentes, quienes deberán definir su situación jurídica.

El coronel Edgar Andrés Correa Tobón, director de Antisecuestro y Antiextorsión de la Policía Nacional, afirmó contundentemente: "Todo aquel que insista en secuestrar a integrantes de la Fuerza Pública, para impedir el desarrollo de sus actividades, será perseguido con la contundencia del Estado, y no descansaremos hasta llevarlos ante la justicia para que respondan por sus actos".

Contexto regional y preocupaciones de seguridad

Este caso generó profunda preocupación por la situación de orden público en el Cañón del Micay, una zona históricamente compleja donde convergen intereses del narcotráfico, grupos armados ilegales y tensiones sociales. La retención masiva de uniformados representó uno de los episodios más graves contra la Fuerza Pública en esta región durante los últimos años.

Las autoridades esperan que la Fiscalía impute a los detenidos el delito de secuestro y solicite medidas de aseguramiento en su contra, mientras continúan las investigaciones para identificar posibles cómplices o responsables adicionales.