El Frente de Guerra Oriental del Ejército de Liberación Nacional (Eln) ha implementado una nueva modalidad de privación de la libertad, denominada 'prisión revolucionaria', tras anunciar la realización de 'juicios revolucionarios' contra funcionarios del Estado colombiano. Este martes 5 de mayo, el grupo armado ilegal dio a conocer las sentencias impuestas a cuatro uniformados y funcionarios judiciales que permanecen bajo su poder en el departamento de Arauca desde el año 2025.
Detalles de las 'sentencias' contra miembros del CTI
Dentro de esta estructura de justicia paralela, el Eln notificó las penas impuestas a Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, ambos miembros del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación. Estos funcionarios fueron interceptados por el grupo armado el 8 de mayo de 2025 en jurisdicción del municipio de Fortul. Según el comunicado emitido por el Eln, Pacheco Oviedo recibió una 'condena' de 60 meses de 'prisión revolucionaria', mientras que López Estrada fue sentenciado a 55 meses.
El grupo insurgente sostiene que estos funcionarios habrían participado en actos de tortura, agresiones a la población civil, desaparición forzada y diversas infracciones al Derecho Internacional Humanitario. No obstante, el Eln no ha presentado pruebas públicas ni ha detallado los procesos de investigación que supuestamente sustentan estos señalamientos.
Condenas a miembros de la Policía Nacional
De manera simultánea, el Frente de Guerra Oriental informó sobre las resoluciones tomadas contra dos integrantes de la Policía Nacional adscritos a la Dirección de Investigación Criminal (DIJIN). Los afectados son el subintendente Franki Hoyos Murcia, con 17 años de trayectoria institucional, y el patrullero Yordin Fabián Pérez Mendoza, quien cuenta con más de una década de servicio. Ambos fueron retenidos el 20 de julio de 2025 en el corredor vial que conecta al municipio de Tame con la ciudad de Arauca.
A diferencia de los funcionarios del CTI, a los policías se les acusó de realizar labores de inteligencia y espionaje en la zona. Por estos hechos, el Eln determinó para ambos una 'pena' de 36 meses, en los que estarán secuestrados.
Antecedentes y estado de los retenidos
La situación de estos cuatro servidores públicos ha sido objeto de seguimiento desde mediados de 2025. El 16 de febrero de este año, se difundieron videos como pruebas de supervivencia en los que se observaba a los uniformados y funcionarios judiciales enviando mensajes a sus núcleos familiares. En dichas grabaciones, los retenidos solicitaron la intervención del Gobierno Nacional para gestionar su pronta liberación.
Previamente, en octubre de 2025, el grupo armado ya había condicionado la situación de estas personas, exigiendo al Ejecutivo agilizar trámites relacionados con la libertad de miembros del Eln que se encuentran en centros penitenciarios.
