Fiscalía identifica a presuntos responsables del secuestro de senadora indígena
La Fiscalía General de la Nación reveló este miércoles que la estructura Dagoberto Ramos, perteneciente a las disidencias de las Farc, sería la presunta responsable del secuestro de la senadora indígena Aída Quilcué y de los integrantes de su esquema de seguridad. Los capturados fueron posteriormente liberados y encontrados por la guardia indígena en el departamento del Cauca.
Detalles del secuestro en el páramo de Totoró
Cabe recordar que la congresista, cercana al presidente Gustavo Petro, y sus escoltas fueron secuestrados el pasado martes 10 de febrero en una carretera del páramo de Totoró, en el departamento del Cauca, del que es oriunda. De acuerdo al ente investigador, las primeras indagaciones apuntan a que esa estructura armada ilegal habría participado directamente en la retención de la congresista.
Por su parte, Quilcué había mencionado a los medios, momentos después de su liberación, que aunque el grupo no se identificó claramente, se trataba de una estructura fuertemente armada que recibía órdenes superiores. "Estos hombres nos apuntaron con sus armas todo el tiempo hasta que, de un momento a otro, salieron corriendo del lugar y nos dejaron a nuestra suerte", relató la senadora.
Denuncia formal y proceso investigativo
Ahora, la senadora ha denunciado formalmente lo ocurrido ante las autoridades competentes y fue escuchada por la Fiscalía como parte integral del proceso investigativo que se está llevando a cabo. La Fiscalía precisó además que el proceso se encuentra actualmente en etapa de indagación preliminar, la cual tiene carácter reservado por motivos de seguridad y protección de testigos.
Debido a este carácter reservado, no es posible dar mayores detalles sobre los elementos probatorios recopilados o el curso específico que está tomando la investigación. Sin embargo, fuentes cercanas al caso indican que se están siguiendo varias líneas de investigación relacionadas con grupos armados ilegales que operan en la región del Cauca.
La situación ha generado preocupación en el ámbito político nacional, especialmente por tratarse de una senadora indígena con una trayectoria reconocida en la defensa de los derechos de los pueblos originarios. Organizaciones sociales y de derechos humanos han exigido celeridad en las investigaciones y garantías de seguridad para la congresista y su equipo.
