Atlántico registra 18 mujeres asesinadas en lo que va de 2026
En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el departamento del Atlántico enfrenta una cruda realidad: 18 mujeres han sido asesinadas en los primeros 67 días del año 2026, según datos consolidados por esta casa editorial y verificados con autoridades y organizaciones sociales. Esta alarmante cifra representa un aumento acelerado de la violencia contra las mujeres en la región.
Un febrero particularmente violento
La situación se ha agravado notablemente durante el mes de febrero, cuando se registraron diez de estos casos. Hacia el 25 de febrero ya se contabilizaban 13 mujeres asesinadas, y para el día 27 la cifra había ascendido a 15, demostrando la rapidez con que creció el registro en apenas unos días.
Entre las víctimas se encuentran:
- 14 mujeres mayores de edad
- 4 menores de edad, lo que ha generado especial preocupación
Los nombres de las víctimas mayores incluyen a Carmen Andrea Hernández Pérez (23 años), Gladys María Reyes Mendoza (50), Linda Mireya Ordóñez (36), Yulieth Paola Camacho López (35), Maryory Magdalena Jiménez Pérez (42), Yainis Paola Contreras Acosta (22), Everledis (mayor de edad), Betania María Méndez Machado (24), Constanza Isabel Rivera Salas (39), Leisis María Silvera Manotas (39), Gloria Esther Araujo Varela (36), Landrys Johana Yepes Estrada (26), María de los Reyes Herrera Ospino (61) y Glenis Patricia Rodríguez Ariza (18).
La tragedia de las menores
Los cuatro casos que involucran a menores de edad han conmocionado especialmente a la comunidad:
- Dayana Marcela Morales Meza (17 años)
- Luzdary Michelle Guerrero Corro (17 años)
- Sheerydan Sofía Hernández Noriega (14 años)
- Keyla Nicolle Hernández Noriega (17 años)
El caso de las hermanas Hernández Noriega, de 14 y 17 años, ha reactivado el debate sobre la vulnerabilidad de niñas y adolescentes en territorios con presencia de actores ilegales, y ha generado cuestionamientos sobre una presunta respuesta tardía y negligente por parte de algunos actores estatales.
Exigencias de colectivos feministas
Colectivos feministas y redes de mujeres del Atlántico sostienen que este aumento de asesinatos obliga a examinar a fondo la respuesta institucional y a incorporar un enfoque de género real, no meramente declarativo. Voceras de la Red de Mujeres del Atlántico cuestionan la tendencia a separar homicidios de mujeres y feminicidios, advirtiendo que esta distinción terminológica puede diluir la urgencia de la protección.
"La cifra de 18 mujeres asesinadas en apenas 67 días es alarmante y exige una respuesta integral del Estado", señalaron representantes de organizaciones sociales.
Casos que han marcado la discusión
Entre los hechos que han acelerado el debate público se encuentran:
- Los asesinatos de Glenis Patricia Rodríguez Ariza y Luzdary Michelle Guerrero Corro en la última semana de febrero, que elevaron el conteo parcial a 13 víctimas
- El homicidio de Landrys Johana Yepes Estrada en Baranoa, que derivó en cuestionamientos sobre decisiones judiciales previas relacionadas con uno de los presuntos implicados
- El caso de las hermanas Hernández Noriega, que evidenció fallas en la protección integral de menores
Las organizaciones sociales destacan que la persistencia de episodios de impunidad y la reincidencia de agresores son elementos que agravan el panorama de violencia contra las mujeres en el departamento.
Un fenómeno multicausal
Llegar al 8 de marzo con 18 mujeres asesinadas en el Atlántico implica reconocer que la violencia no obedece a una sola causa ni puede abordarse con respuestas fragmentadas. Los hechos muestran un entramado complejo en el que confluyen violencias íntimas, comunitarias, criminales y estructurales que están afectando particularmente a mujeres y niñas.
La acumulación de casos ha generado movilización de organizaciones sociales, exigencias institucionales y profundos cuestionamientos sobre la forma en que se está abordando la violencia contra las mujeres en el departamento, especialmente en lo que respecta a la protección de menores de edad y la efectividad de las rutas de atención establecidas.
