Firmante de paz es asesinado en Guapi, Cauca, en medio de complejo panorama de seguridad
Un nuevo hecho violento ha conmocionado al suroccidente colombiano. Hever Asprilla Rivas, de 50 años de edad y firmante del Acuerdo Final de Paz de 2016, fue asesinado en el municipio de Guapi, departamento del Cauca. El mortal ataque ocurrió específicamente en la carrera 4 entre calles 9A y 10 del barrio Las Palmeras, según confirmaron las autoridades locales.
Contexto de violencia y alertas tempranas
El homicidio se produce en un escenario de extrema complejidad para la seguridad en esta región del Pacífico caucano, marcada históricamente por el conflicto armado. Las investigaciones ya han sido iniciadas para esclarecer las circunstancias del crimen, identificar a los responsables y establecer los móviles detrás de este acto violento.
Hever Asprilla Rivas formaba parte del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) Ariel Aldana, ubicado en el municipio de Tumaco, Nariño. Allí participaba activamente en un proceso formativo en economía social como componente fundamental de su ruta de reincorporación a la vida civil, tras haber dejado las armas.
Impacto en el proceso de paz y reincorporación
Este asesinato se suma a la alarmante estadística de excombatientes o firmantes de paz que han perdido la vida en diversos territorios del país. Estos hechos afectan directamente la implementación del Acuerdo de Paz con la antigua guerrilla de las Farc y erosionan la confianza en las garantías de seguridad para quienes optaron por la legalidad.
"El asesinato de un firmante no solo constituye una vulneración al derecho fundamental a la vida, sino que impacta el proceso de reincorporación, debilita la construcción de confianza en los territorios y envía un mensaje de intimidación a quienes continúan comprometidos con la legalidad", declaró Jesús Cortés, uno de los líderes de los excombatientes en el Cauca.
Alertas tempranas y riesgo permanente
El crimen ocurre en un contexto de riesgo que había sido advertido previamente por la Defensoría del Pueblo. Esta entidad emitió la Alerta Temprana 013/25, que incluye específicamente al municipio de Guapi y hace un llamado urgente a la acción por parte de las autoridades competentes.
En dicha alerta se advierte que la imposición de normas y otras formas de gobernanza ilegal por parte de grupos armados representa un riesgo permanente de vulneración de los derechos de la población civil. Esta advertencia se complementa con la Alerta Temprana 033/20, que también cobija a Guapi y señala un alto riesgo para la población civil debido a la confrontación entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).
Dinámicas armadas y economías ilícitas
Estas estructuras armadas buscan el control territorial y de economías ilegales, particularmente el narcotráfico, en esta estratégica zona del litoral Pacífico. La persistencia de estas dinámicas ha generado un ambiente de inseguridad que afecta de manera diferenciada a:
- Líderes sociales
- Comunidades étnicas
- Población civil en general
- Firmantes del Acuerdo de Paz
Integrantes de Indepaz expresaron: "El asesinato de Hever Asprilla Rivas se enmarca en una grave y sostenida crisis de seguridad en el suroccidente colombiano, donde confluyen disputas armadas, economías ilícitas y debilidades institucionales. Cada ataque contra un firmante representa un golpe directo al espíritu del Acuerdo de Paz y a los esfuerzos de reconciliación en las comunidades más afectadas por el conflicto".
Llamado a la acción y garantías de protección
El asesinato de Hever Asprilla Rivas constituye un llamado de atención sobre la situación crítica que vive el suroccidente colombiano. La combinación de confrontaciones armadas, economías ilícitas y debilidades institucionales crea un entorno hostil que exige respuestas efectivas por parte de las autoridades competentes.
Organizaciones sociales y defensores de derechos humanos exigen garantías de protección y acciones urgentes del Estado ante la violencia que afecta tanto a firmantes del Acuerdo como a la población civil en esta región del país. La necesidad de fortalecer los mecanismos de seguridad y protección se hace cada vez más imperante en territorios históricamente golpeados por el conflicto.
