Testigo paramilitar describe coordinación con militar en casos de ejecuciones en Antioquia
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) avanzó este martes en el juicio contra el coronel (r) David Herley Guzmán Ramírez, acusado de su presunta participación en 18 ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas ocurridas entre 2004 y 2005 en los municipios antioqueños de Dabeiba e Ituango. Entre las víctimas se encuentran cuatro menores de edad, según los cargos presentados por la Unidad de Investigación y Acusación (UIA).
Declaración clave de exintegrante de las AUC
El primer testigo en declarar fue Isaías Montes Hernández, conocido con el alias de 'Junior', quien fungió como segundo cabecilla del autodenominado Bloque Mineros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Durante su intervención, dirigida por la fiscal Sandra Ramírez, Montes detalló una "comunicación excelente" con el entonces mayor Guzmán, coordinación que, según su testimonio, permitía movimientos seguros para los paramilitares sin temor a ataques del Ejército.
"Tuve comunicaciones con un mayor que estaba en el corregimiento de Santa Rita de apellido Guzmán para el segundo semestre de 2004. Estas comunicaciones eran a través de radios, eran diarias", afirmó el testigo, quien añadió que informaba constantemente sobre sus movimientos al oficial.
Relato sobre retención de civiles por orden militar
Uno de los momentos más reveladores de la diligencia ocurrió cuando Montes describió cómo, por orden directa del mayor Guzmán, mantuvo retenidos a dos civiles en un campamento provisional ubicado en el Alto del Oso. Los detenidos permanecieron "varios días" bajo custodia paramilitar, esposados y protegidos con una carpa y cobijas.
"Estaban bajo una carpa, la que usábamos nosotros como para protegernos de la lluvia, tenían unas cobijas y estaban esposados de las manos", relató el exparamilitar, quien reconoció haber visto a los retenidos pero aseguró no recordar con precisión las conversaciones mantenidas debido al tiempo transcurrido.
Entrega de civiles a miembros del Ejército
Montes explicó que, tras la retención, una de las personas fue liberada por instrucción del oficial, aunque desconoció su paradero posterior. La otra persona, en cambio, fue entregada a miembros del Ejército que se desplazaron hasta un punto ubicado a unos tres kilómetros del campamento. Según su versión inicial, uno de los civiles fue devuelto a los militares vestido con camuflado.
El testigo reiteró que no conocía la relación entre sus superiores paramilitares y el mayor Guzmán, pero insistió en la existencia de una coordinación directa y constante con el militar. Esta declaración se enmarca en la investigación por los 18 casos de "falsos positivos" que involucran al coronel retirado, procesos que la JEP busca esclarecer como parte de su mandato de justicia transicional.
El desarrollo de este juicio representa un hito significativo en los esfuerzos por establecer responsabilidades en crímenes ocurridos durante el conflicto armado en Antioquia, particularmente en zonas como Dabeiba e Ituango, donde se registraron numerosas violaciones a los derechos humanos. La JEP continúa recopilando testimonios y evidencias para determinar el grado de participación de los implicados.
