Exsecretariado de las Farc reconoce reclutamiento forzado de 18.677 menores ante la JEP
En un hecho sin precedentes en la justicia transicional colombiana, la magistrada Lily Rueda Guzmán procedió con la imputación por reclutamiento forzado de menores y otros crímenes graves a seis miembros del antiguo secretariado de la extinta guerrilla de las Farc. Los imputados son:
- Rodrigo Londoño
- Jaime Alberto Parra
- Milton de Jesús Toncel
- Pablo Catatumbo
- Pastor Alape
- Julián Gallo
Este proceso se enmarca dentro del macrocaso 07 de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que investiga los crímenes más atroces cometidos durante el conflicto armado.
Un reconocimiento histórico para las víctimas
El grupo armado ilegal que más reclutó niños y niñas para la guerra en Colombia realizó un reconocimiento histórico, no solo para la investigación judicial de esta política criminal, sino para miles de víctimas que han esperado décadas por verdad y justicia. A través de una carta y un video, el último Secretariado de las Farc reconoció, de manera clara y "sin ambigüedades", que llevó a la guerra de manera forzada a por lo menos a 18.677 menores de edad.
Este número, aunque impactante, representa solo una parte de la tragedia humana, ya que muchos casos podrían no haber sido documentados debido a la naturaleza clandestina de estas acciones.
Violencia sexual y reproductiva sistemática
Además del reclutamiento forzado, el reconocimiento incluyó la admisión de que los menores fueron sometidos a violencia sexual y reproductiva, con un énfasis particular en las niñas. Según los documentos presentados, muchas de ellas fueron obligadas a abortar y recibieron malos tratos derivados de estas prácticas coercitivas.
Este aspecto del caso subraya la dimensión de género en los crímenes de guerra, mostrando cómo las violencias se entrelazaron de manera sistemática para controlar y explotar a los más vulnerables.
Implicaciones para el proceso de paz
La imputación y el reconocimiento público representan un paso crucial en la implementación del Acuerdo de Paz de 2016. Por un lado, la JEP demuestra su capacidad para investigar y judicializar los crímenes más graves, mientras que, por otro, los excombatientes asumen responsabilidades concretas, lo que puede facilitar la reparación integral de las víctimas.
Este caso sienta un precedente importante para futuras investigaciones sobre reclutamiento de menores en otros grupos armados, reforzando el principio de que estos crímenes no deben quedar en la impunidad.
