Fondo de Reparación a Víctimas acumula COP 184.500 millones sin desembolsar
La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas enfrenta nuevas críticas tras revelar que el Fondo para la Reparación de las Víctimas (FRV) cerró el año 2025 con más de la mitad de sus recursos comprometidos sin haber sido efectivamente pagados. Según el Informe de Gestión publicado en enero, aunque se comprometieron COP 324.000 millones (99,8% del presupuesto programado), solo se giraron COP 139.000 millones, equivalente a un preocupante 43,14% de ejecución.
Rezago presupuestal afecta indemnizaciones a víctimas
La situación implica que aproximadamente COP 184.500 millones quedaron comprometidos pero sin pago efectivo al finalizar 2025. La directora de la Unidad, Álix Duneika Aguilar, firmó una resolución el 30 de enero de 2026 admitiendo este rezago tanto en el Fondo como en la propia Unidad, ordenando el traslado de compromisos pendientes al Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF) para constituir reservas presupuestales.
El documento de 366 páginas formaliza en su artículo 4 la necesidad de asegurar la continuidad de las obligaciones pendientes, reconociendo que uno de los principales retos para 2026 será "formular planes de contingencia frente a no desembolsos del PAC" (Programa Anual Mensualizado de Caja).
Problemas en la autorización de giros
El PAC, instrumento del Ministerio de Hacienda que autoriza desembolsos efectivos, no fue asignado completamente en diciembre de 2025 según la Unidad. Aunque el Fondo de Reparación afirma haber realizado solicitudes mensuales oportunas y radicado todos los documentos requeridos, en el último mes del año no contó con disponibilidad suficiente para completar los pagos, sin que se precise exactamente por qué.
Este panorama se agrava en medio de:
- La crisis fiscal del país
- El hundimiento del proyecto de ley de financiamiento que buscaba recaudar COP 16,3 billones
- La inminencia de recortes de gasto a menos de seis meses del fin del mandato de Gustavo Petro
- Las estrictas reglas de austeridad del Ministerio de Hacienda
La Unidad de Víctimas también presenta atrasos significativos
Más allá del Fondo específico, la Unidad para las Víctimas muestra una dinámica similar de atraso presupuestal. A corte de noviembre de 2025, la entidad tenía COP 1.330.160 millones apropiados para indemnización individual, de los cuales COP 592.538 millones ya estaban comprometidos pero no pagados, representando aproximadamente 45% de recursos pendientes de giro.
Lo más preocupante es el cambio de comportamiento en el último trimestre: mientras al cierre del tercer trimestre solo se registraba un 39% de recursos comprometidos, entre septiembre y diciembre la entidad pasó a tener niveles cercanos al 100%, concentrando una porción sustancial de actos administrativos, compromisos y obligaciones en los últimos meses que ahora pasan a ser pendientes para 2026.
Impacto directo en las víctimas del conflicto
Desde la perspectiva de política pública, el efecto es particularmente grave porque estos recursos incluyen no solo contratos y servicios, sino también reparaciones económicas directas a víctimas del conflicto armado. El mecanismo de reservas presupuestales, aunque válido jurídicamente, tiene consecuencias prácticas significativas:
- Tener recursos comprometidos no equivale a tenerlos ejecutados o entregados
- Cada compromiso con una víctima sin giro efectivo significa que la reparación reconocida no se convierte en dinero recibido
- La diferencia entre la entrega de títulos de indemnización y la llegada del dinero puede extenderse por meses
- El nuevo presupuesto de 2026 debe cubrir tanto las indemnizaciones nuevas como las pendientes de 2025
En términos concretos, es como entregar un cheque sin fondos disponibles inmediatamente, una situación particularmente difícil para personas que han esperado años por justicia y reparación.
Alertas sobre contratación atípica
Se suma a esta situación la denuncia publicada el 24 de enero sobre un "inusual aumento" en los Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDP) del Fondo de Reparación. Mientras en 2025 se realizaron contratos por COP 9.200 millones, el CDP número 126 presentado fue por COP 22.500 millones, suficiente para contratar a 2.248 personas según fuentes internas consultadas.
Este comportamiento ha generado interrogantes, especialmente considerando que para 2026, en pleno año electoral, se plantea la necesidad de utilizar COP 22.500 millones cuando el año anterior los contratos fueron significativamente menores.
La Unidad para las Víctimas acumula así múltiples desafíos: inestabilidad directiva documentada en los últimos meses, contrataciones aceleradas antes de la Ley de Garantías, y ahora problemas sustanciales en la ejecución financiera del Fondo creado específicamente para asegurar la entrega de recursos a quienes más los necesitan.
