Dos décadas de silencio comienzan a romperse en Santander
Veinte años después de que una ola de asesinatos y desapariciones forzadas destrozara a las familias más frágiles de Santander, la justicia transicional finalmente está desenterrando la verdad oculta durante tanto tiempo. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) investiga actualmente a 157 antiguos miembros del Ejército Nacional por su presunta responsabilidad en la muerte de al menos 80 civiles en condiciones de extrema vulnerabilidad.
Las víctimas invisibles que nunca debieron serlo
Los afectados eran habitantes de calle, personas con discapacidad y civiles en situaciones de precariedad social. Según las investigaciones, antiguos integrantes de al menos seis unidades militares los dieron de baja y luego los presentaron falsamente como guerrilleros caídos en combate. Este macabro proceder buscaba inflar resultados operacionales en medio de una competencia interna entre batallones.
El magistrado Mauricio García Cadena, encargado de instruir estos casos en Santander, ha convocado desde el segundo semestre de 2024 a los 157 comparecientes vinculados a los batallones Ricaurte, Caldas, Gaula Santander, Rafael Reyes Prieto, Los Guanes y Luciano D'Elhuyar. Las audiencias se han desarrollado en Bucaramanga entre 2024 y 2025, con un objetivo claro: superar lo que logró establecer la justicia ordinaria en su momento y abrir camino hacia beneficios transicionales clave.
Un proceso complejo que avanza paso a paso
Hasta la fecha, la Subsala Tercera de la JEP ha realizado 50 audiencias previas por 51 hechos victimizantes en Santander, además de cuatro audiencias de informe. En estos espacios han participado los 157 comparecientes convocados por crímenes cometidos contra las 80 víctimas directas identificadas. Ya se han emitido dos renuncias condicionadas a la persecución penal que abarcan varios de estos hechos y ordenan medidas restaurativas específicas.
Santander ocupa el segundo lugar en número de casos bajo conocimiento de la Subsala Tercera, según la caracterización preliminar realizada. El origen de estas investigaciones se remonta al macrocaso 003 de la JEP, que analiza el patrón nacional de homicidios y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate.
La difícil reconstrucción con las familias afectadas
García Cadena explicó en entrevista que la mayor dificultad del proceso radica en el trabajo con las familias de las víctimas. "Prácticamente nos toca arrancar de cero con las víctimas", afirmó el magistrado, quien añadió que, pese al acompañamiento psicosocial, la inconformidad persiste. "Así se aclare un 90% de los casos, ese 10% faltante para ellos constituye un déficit. Y es entendible", reconoció.
Entre las unidades investigadas, el Batallón de Infantería No. 14 Capitán Antonio Ricaurte concentra la mayor carga procesal: 52 comparecientes vinculados a al menos 14 hechos victimizantes ocurridos entre 2003 y 2008 en municipios como Lebrija, Matanza, Suratá, El Playón, Charta y Sabana de Torres. Precisamente en este batallón, la JEP concedió en enero de 2025 las primeras renuncias condicionadas a la persecución penal en Santander.
Un patrón criminal que se repitió sistemáticamente
Las investigaciones han confirmado un patrón macrocriminal que involucraba una competencia entre unidades por producir resultados operacionales. Según García Cadena, "si bien no implicaba muchas veces una orden explícita, sí de manera implícita llevó a que se cometieran crímenes contra civiles". A esta dinámica se sumaron terceros civiles que actuaron como reclutadores, encargados específicamente de ubicar a las personas más vulnerables de las comunidades.
El pico de estas muertes en Santander se concentró entre 2005 y 2006, según los hallazgos de la JEP. Además de los homicidios, el proceso ha sacado a la luz otro delito grave: la desaparición forzada. En varios casos, los aportes de los comparecientes han permitido ubicar restos de familiares que llevaban años sin ser hallados. "Eso sí es muy importante, no solo para Colombia sino a nivel internacional", destacó el magistrado.
Proyecciones y significado del proceso
García Cadena proyecta que, al ritmo actual, en aproximadamente un año la Subsala podría culminar la revisión de los seis batallones priorizados. El último en completar sus audiencias será el Luciano D'Elhuyar, con diligencias previstas para el primer semestre de 2026.
A nivel nacional, la Sala de Definición ha emitido 18 decisiones de renuncia condicionada a la persecución penal, beneficiando a entre 200 y 300 comparecientes. En Santander, las familias que durante dos décadas crecieron desarticuladas —porque quienes fallecieron eran frecuentemente el sustento económico del hogar— empiezan, por primera vez, a saber qué realmente pasó con sus seres queridos.
El proceso judicial avanza mientras las comunidades santandereanas esperan que la verdad complete el rompecabezas de su dolor histórico.
