La verdad oculta durante dos décadas sale a la luz en Santander
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha revelado información crucial sobre un caso que permaneció en la sombra durante más de veinte años. Didier Lasso Delgado, de 31 años, y Jimmy Alexander Ortiz Tavera, de 27 años, desaparecieron en Bucaramanga el 10 de febrero de 2005. Al día siguiente, sus cuerpos sin vida fueron encontrados en la vereda La Marta, municipio de Lebrija, en el departamento de Santander.
En ese momento, las autoridades presentaron a ambos jóvenes como guerrilleros dados de baja en combate. Sin embargo, dos décadas después, mediante un proceso de justicia restaurativa, se ha confirmado que se trató de un falso positivo. Los responsables rompieron un pacto de silencio y admitieron los hechos ante la JEP.
Una tarde que terminó en tragedia
La reconstrucción de los hechos indica que Didier y Jimmy se encontraban conversando en el andén de la calle 28, entre carreras 15 y 16, en el sector de la avenida Quebrada Seca de Bucaramanga. Un militar vestido de civil se acercó y les ofreció dinero a cambio de realizar un trabajo. Ante su negativa, el sujeto los amenazó con un arma y los obligó a subir a un vehículo Renault 6.
El automóvil los trasladó hasta la vereda La Marta en Lebrija. Según el expediente judicial, allí fueron forzados a cambiar su calzado por botas pantaneras, sufrieron torturas y finalmente recibieron impactos de arma de fuego que causaron su muerte. Militares del Batallón Ricaurte de la Quinta Brigada del Ejército admitieron estos hechos ante la JEP.
El dolor de las familias y la búsqueda incansable
Inés Lucía Lasso Delgado, hermana mayor de Didier, recuerda con precisión los detalles del día en que lo vio por última vez. Didier vestía bermuda color beige oscura, camiseta y tenis. La familia, preocupada por su desaparición, inició una búsqueda que los llevó hasta la morgue, donde Inés reconoció el cuerpo de su hermano registrado como NN.
María Delgado, madre de Didier, leyó en el periódico Vanguardia Liberal la noticia sobre dos guerrilleros dados de baja en Lebrija. Horas después, frente a una jueza del Batallón Ricaurte, intentaron certificar a su hijo como guerrillero. El dolor se mezcló con asombro y frustración, sabiendo que Didier no tenía vínculos con grupos armados.
Por otro lado, la familia de Jimmy Ortiz Tavera inició una búsqueda exhaustiva tras su desaparición. Sus hermanos Jeny y Ludvin visitaron la Cárcel Modelo y Medicina Legal, donde finalmente identificaron su cuerpo. Alix María Tavera, madre de Jimmy, dedicó su vida a buscar justicia, reuniendo firmas y documentos para demostrar que su hijo no era guerrillero.
La audiencia que cambió todo
El 27 de marzo de 2025, en la Universidad Industrial de Santander en Bucaramanga, se llevó a cabo una audiencia histórica. Las víctimas acreditadas por la JEP, incluyendo a Inés, Jeny y Ludvin, se enfrentaron por primera vez a los comparecientes responsables de los hechos.
César Augusto Hernández, compareciente principal y quien tenía el mayor rango operativo durante los eventos, admitió la verdad. "Asesinaron a civiles engañados para la realización de actividades remuneradas", declaró el magistrado. Hernández explicó que los jóvenes estaban en el lugar equivocado en el momento equivocado, ya que las víctimas originalmente fichadas no habían llegado.
Durante la audiencia, Inés Lasso se dirigió a Hernández con palabras cargadas de emoción: "Su hermano no era un delincuente, yo lo secuestré", admitió el compareciente entre lágrimas. Inés, con templanza, respondió: "Yo lo perdono", buscando el cierre que había esperado durante más de dos décadas.
Un proceso de justicia y reparación
Este caso representa un ejemplo significativo de cómo la justicia restaurativa puede operar en Colombia. Los comparecientes rompieron un pacto de silencio que mantuvieron durante veinte años, permitiendo que la verdad finalmente emergiera. La JEP ha facilitado un espacio donde las versiones de las víctimas, los responsables y las investigaciones oficiales se confrontan para construir una verdad completa.
Para las familias de Didier y Jimmy, este proceso ha significado no solo el esclarecimiento de los hechos, sino también la posibilidad de reivindicar la memoria y la dignidad de sus seres queridos. Después de años de lucha, amenazas y dolor, han encontrado respuestas que les permiten avanzar en su proceso de duelo.
La revelación de la verdad en este caso subraya la importancia de los mecanismos de justicia transicional en Colombia, particularmente en regiones como Santander que han sido profundamente afectadas por el conflicto armado. Este precedente establece que, incluso después de décadas, es posible buscar y encontrar justicia para las víctimas de violaciones a los derechos humanos.
