Luego de varios días de incertidumbre y de una jornada de protesta encabezada por sus familiares frente a las oficinas de la Nueva EPS, finalmente se autorizó el traslado médico de Margarita Santiago de Suárez, una adulta mayor de 74 años que permanecía hospitalizada desde hacía 21 días en el Hospital San José del Guaviare, al sur de Colombia.
Protesta pacífica para exigir atención
La paciente esperaba una remisión especializada hacia un centro asistencial de mayor complejidad, situación que generó gran preocupación entre sus allegados debido al deterioro de su estado de salud y a la demora en la autorización por parte de la entidad prestadora de salud. Ante la falta de respuestas oportunas, los familiares y personas cercanas realizaron en la mañana del jueves 14 de mayo un plantón frente a la sede de la Nueva EPS para exigir atención inmediata y garantías para el traslado de la mujer. Durante la protesta, los manifestantes denunciaron presuntas demoras administrativas y pidieron celeridad en el proceso médico, como quedó registrado en videos difundidos por medios locales.
Presión ciudadana logra respuesta
Tras la presión ejercida por los familiares y una reunión con una delegada de la EPS, se logró finalmente la autorización para remitir a la adulta mayor a la ciudad de Villavicencio, donde recibirá atención médica especializada. Este acto busca proteger la vida y salud de la ciudadana. El traslado se realizó en ambulancia durante las últimas horas del viernes 15 de mayo, poniendo fin a más de tres semanas de espera en el centro hospitalario del Guaviare.
Repercusiones del caso
El caso volvió a poner sobre la mesa las denuncias ciudadanas relacionadas con las demoras en los procesos de remisión y acceso a servicios especializados de salud, especialmente para pacientes adultos mayores y habitantes de regiones apartadas del país, como sucede también en departamentos como Nariño y Cauca, donde las comunidades se movilizan pacíficamente exigiendo una atención de calidad por parte de la Nueva EPS.
La jornada de protesta y los llamados públicos de los familiares permitieron destrabar el proceso de remisión médica que mantenía a la adulta mayor a la espera de atención especializada, demostrando que la movilización ciudadana puede ser un mecanismo efectivo para exigir derechos en salud.
