Fallo judicial reactiva proceso para eliminar protección migratoria
En una decisión que podría tener consecuencias humanitarias significativas, un tribunal de apelaciones de Estados Unidos autorizó a la administración del presidente Donald Trump avanzar con la eliminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para migrantes de Nepal, Honduras y Nicaragua. El fallo, emitido el lunes 9 de febrero de 2026 por el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, suspende una orden judicial previa que había bloqueado la medida y permite al gobierno reactivar el proceso para retirar las protecciones contra la deportación.
Impacto en decenas de miles de migrantes
La decisión judicial levanta un bloqueo previo y reabre la posibilidad de deportaciones masivas que afectarían a más de 80.000 migrantes de los tres países mencionados. Estos individuos, muchos de los cuales han vivido y trabajado legalmente en Estados Unidos durante décadas, ahora enfrentan el riesgo inminente de perder sus permisos de trabajo y ser sometidos a procedimientos de deportación.
El TPS es un programa humanitario creado por el Congreso estadounidense en 1990 para ofrecer protección temporal y permisos de trabajo a personas procedentes de países afectados por conflictos armados, desastres naturales u otras crisis extraordinarias. Honduras y Nicaragua fueron designados tras el devastador huracán Mitch en 1998, mientras que Nepal fue incluido después del terremoto de 2015.
Posiciones enfrentadas sobre el programa
Desde el gobierno estadounidense, funcionarios de Seguridad Nacional defendieron la decisión como una reafirmación del marco legal del TPS, argumentando que las extensiones prolongadas han convertido una medida temporal en una política migratoria permanente sin autorización del Congreso. La administración Trump ha sostenido consistentemente que el programa fue concebido como una medida transitoria y que las condiciones en esos países ya no justifican su continuidad.
En contraste, grupos de defensa migrante advirtieron que la eliminación del estatus podría provocar una crisis humanitaria, desestabilizar comunidades enteras y separar a miles de familias. Muchos de los beneficiarios del TPS han formado familias en Estados Unidos, contribuyen a la economía local y han establecido raíces profundas durante su estancia legal en el país.
Consecuencias legales y políticas
El fallo es particularmente relevante porque reactiva la posibilidad de deportaciones y pérdida de permisos de trabajo para decenas de miles de personas. En un contexto de fuerte polarización política, la decisión del Noveno Circuito se perfila como un precedente clave en la disputa sobre el alcance de las políticas migratorias y el futuro de los programas humanitarios en Estados Unidos.
El litigio, sin embargo, podría continuar desarrollándose en instancias judiciales superiores:
- Los demandantes tienen la posibilidad de apelar ante la Corte Suprema de Estados Unidos
- La administración federal puede avanzar en los pasos administrativos para poner fin a las protecciones
- Organizaciones defensoras de derechos migrantes preparan nuevas acciones legales
La batalla legal refleja tensiones más amplias sobre la política migratoria estadounidense y el equilibrio entre la aplicación estricta de la ley y consideraciones humanitarias para personas que han construido sus vidas en el país durante años o incluso décadas.
