Tras el ultimátum de la Corte Constitucional por las fallas en los giros humanitarios a la población desplazada, la Unidad de Víctimas reportó avances significativos en la entrega de estas ayudas. En un comunicado oficial, la entidad informó que, gracias a la habilitación de más de 21.900 puntos en todo el país, se ha alcanzado una cobertura del 94% del territorio nacional.
De acuerdo con cifras oficiales, ya se han realizado más de 51 mil giros de ayuda humanitaria en 25 departamentos, beneficiando a víctimas previamente incluidas en las rutas de atención. Este incremento en los giros permite a miles de hogares acceder a recursos básicos para su subsistencia y contribuye a procesos de reparación integral e inclusión social.
La Unidad señaló que trabaja de la mano del operador 4-72 para alcanzar una cobertura total. “Estamos trabajando para que la ayuda llegue de manera oportuna y segura”, afirmó Karol Ortigoza, subdirectora de Asistencia y Atención Humanitaria, quien también hizo un llamado a las víctimas a evitar intermediarios y acudir únicamente a canales oficiales.
La Corte Constitucional emitió un plazo de cinco días a la Unidad tras identificar fallas persistentes en la entrega de ayudas humanitarias a víctimas de desplazamiento forzado, una población con protección reforzada por su condición de vulnerabilidad. El alto tribunal advirtió sobre retrasos en los giros, barreras administrativas y dificultades en el acceso efectivo a las ayudas, pese a que estas constituyen un componente esencial del derecho a la asistencia humanitaria. El plazo de cinco días también cobija al Ministerio de Hacienda, que debe responder si existen problemas de recursos o de flujo de caja detrás de la crisis.
En el auto, la Corte advierte que desde enero de 2026 no se habrían garantizado los giros en el país y que la propia Unidad de Víctimas reconoció problemas derivados del incumplimiento del operador contratado. El dato más crítico refleja la dimensión de la falla: de cerca de 1.100 puntos de pago previstos, apenas 41 estaban en funcionamiento.
“La Unidad de Víctimas reconoció inconvenientes nacionales en la entrega de giros de atención humanitaria por incumplimientos del operador contratado. La Unidad también indicó que desde enero de 2026, no se habían garantizado esos giros en el territorio nacional y que solo estaban en funcionamiento 41 puntos de entre aproximadamente 1.100 que deberían estar disponibles para su dispersión. En ese contexto, la Sala estima necesario requerir información detallada y actualizada que permita establecer el alcance de esas fallas, sus causas y las medidas adoptadas para superarla”, dice el auto.
La Unidad aclaró que el balance presentado no constituye una respuesta formal al requerimiento de la Corte, sino que corresponde a la información operativa disponible sobre el proceso de giros en curso. El pulso entre la Corte y la Unidad reabre una discusión de fondo sobre la capacidad institucional para responder a una de las crisis humanitarias más prolongadas del país. Mientras la entidad reporta avances operativos, el control judicial mantiene la presión sobre los errores en la entrega de giros a los desplazados.
La Unidad de Víctimas ha estado envuelta en varias polémicas sobre el uso de los recursos. Este diario ha presentado investigaciones sobre presuntas presiones políticas que coincidían con un aumento inusual de contratos en la Unidad de Víctimas, los cuales se estarían financiando con recursos de la reparación a las víctimas.
