Candidatos víctimas del conflicto denuncian falta de garantías electorales y asesinatos de uniformados
A menos de 72 horas de las elecciones legislativas, tres candidatos al Congreso que son víctimas del conflicto armado han alzado su voz para cuestionar las garantías electorales y denunciar el alarmante asesinato de miembros de la Fuerza Pública. Los hechos ocurridos en Cartagena del Chairá, Caquetá, donde tres soldados fueron emboscados por disidencias de las FARC mientras transportaban material electoral, han reabierto el debate sobre la seguridad en medio de la implementación de la paz total.
Denuncias de los candidatos víctimas
José Jaime Uscátegui, candidato a la Cámara de Representantes por Bogotá, señaló con preocupación que "más de 200 soldados y policías asesinados el año pasado en medio de la paz total evidencian que nuestros militares están acribillados". Mientras tanto, el coronel William Donato, quien permaneció casi 13 años secuestrado por las FARC y ahora es candidato por Boyacá del Partido Alianza Verde, advirtió que "desafortunadamente el Estado ha estado retrocediendo y no ha permitido que nuestros soldados y el Ejército y la Policía sigan avanzando".
John Frank Pinchao, expolicía que estuvo ocho años y medio en cautiverio y se postula con el Partido Oxígeno, afirmó categóricamente que "esto es una evidencia de que este gobierno ya ha dado las alas a los criminales y que las elecciones van a ser incluidas por un fusil en la cabeza, sobre todo en las zonas rurales". Pinchao denunció además que se ha maniatado a las fuerzas militares, limitando su capacidad de respuesta ante las amenazas.
Contexto de violencia y riesgo electoral
Julio César Iglesias, analista del conflicto, contextualizó la grave situación explicando que "el año pasado ocurrieron más asesinatos de miembros de la Fuerza Pública en actos de servicio que en cualquier año de la última década", alcanzando niveles similares o superiores a los registrados antes del acuerdo de paz de 2016. Iglesias calificó este proceso como una promesa fallida que pone en riesgo la estabilidad del país.
La Misión de Observación Electoral (MOE) ha reportado que aproximadamente 400 municipios están en riesgo por violencia electoral, un dato alarmante que refleja la complejidad del panorama preelectoral. Los candidatos coinciden en que existe una degradación de la justicia, donde los victimarios han sido puestos por encima de las víctimas.
Cuestionamientos a las garantías otorgadas a grupos armados
Los aspirantes al Congreso cuestionaron duramente que mientras se realizaban audiencias virtuales con insurgentes, otros frentes atacaban simultáneamente a la Fuerza Pública. Uscátegui criticó esta situación señalando que "la Fiscalía sí tiene la ubicación para mandarle un enlace para que se conecte a la audiencia, sino para capturarlo".
Los candidatos se refirieron específicamente a la posición que le ha dado el Gobierno Nacional a los cabecillas de grupos armados, mencionando el caso de los comandantes de las disidencias de Calarcá que participaron vía internet en una audiencia de imputación por el desplazamiento masivo en el Catatumbo, que dejó cerca de 100 muertos y 60.000 desplazados hace un año.
Donato resumió la preocupación general afirmando que "la paz no pueden convertirse en un permiso para que esas estructuras se sigan fortaleciendo". Las víctimas del conflicto expresaron sentirse relegadas frente a las garantías otorgadas a grupos armados, un sentimiento que comparten muchos colombianos en vísperas de unas elecciones marcadas por la incertidumbre y la violencia.
