Violencia en Nariño impide celebración pacífica de Semana Santa con desplazamiento masivo
En una situación que evidencia la persistente crisis humanitaria en el país, cuatro municipios del departamento de Nariño no pueden celebrar la Semana Santa en paz debido a la violencia armada que ha forzado el desplazamiento de 81 familias indígenas y campesinas, equivalentes a 219 personas. Este complejo escenario se ha intensificado desde el 25 de marzo, según alertas emitidas por organizaciones internacionales.
Desplazamiento masivo en cuatro municipios
El Consejo Noruego para Refugiados (NRC) y OCHA Colombia han documentado que, durante las primeras dos semanas de marzo de 2026, nuevas dinámicas del conflicto armado generaron cuatro declaraciones de desplazamiento masivo en los municipios de El Charco, Cumbitara, Barbacoas y Ricaurte. Estos hechos de violencia grave no han sido reportados completamente por las autoridades civiles ni los organismos de seguridad en Nariño.
La distribución de la población desplazada es la siguiente:
- El Charco: 48 personas
- Cumbitara: 62 personas
- Barbacoas: 43 personas
- Ricaurte: 66 personas
Composición de la población afectada
De las personas desplazadas, el 51,9% corresponde a población indígena del pueblo Awá, el 26,8% es población campesina de Cumbitara y el 19% es población binacional y de nacionalidad ecuatoriana. Además, al menos 90 niños, niñas y adolescentes se encuentran afectados por el desplazamiento, con necesidades urgentes de garantías para incorporarse a procesos educativos en los lugares de acogida.
Las familias afectadas permanecen albergadas por redes de apoyo tanto en el casco urbano de los municipios Cumbitara y El Charco, como en veredas de la zona rural de Barbacoas y Ricaurte.
Dos homicidios agravan la crisis
La violencia se ha manifestado con especial crudeza a través de dos homicidios registrados los días 16 y 17 de marzo. El primero ocurrió en el resguardo Tortugaña Telembí en Barbacoas, mientras que el segundo tuvo lugar en San Lorenzo, Ecuador, en la frontera con Colombia.
Estos crímenes desencadenaron amenazas y control social hacia las familias y comunidades por parte de grupos armados no estatales (Gane) durante las dos semanas siguientes, incluyendo acciones similares en territorio ecuatoriano. El homicidio en el resguardo de Tortugaña Telembí provocó el desplazamiento de una comunidad indígena Awá hacia Ricaurte (23 familias) y Barbacoas (14 familias).
Enfrentamientos y presencia de minas
El pasado 24 de marzo se presentaron fuertes enfrentamientos entre dos grupos armados ilegales en la zona rural del municipio de Cumbitara, lo que incrementó los riesgos para la población civil y motivó el desplazamiento de 28 familias hacia el casco urbano de ese municipio ubicado en la Cordillera Occidental de Nariño.
En esta zona también se reporta sospecha de presencia de minas antipersonal y la continuidad de los enfrentamientos, lo que ha generado restricciones severas para la movilidad de la población, imposibilitando el acceso a sus zonas de cultivo y abastecimiento de productos básicos.
Condiciones humanitarias críticas
Las organizaciones internacionales han advertido sobre las lamentables condiciones que el fenómeno de violencia ha generado en las comunidades nariñenses: "En todos los municipios afectados las comunidades han perdido sus medios de vida, no tienen posibilidad de acceder a zonas de trabajo, presentan dificultades para acceder a salud y educación y reportan limitación para acceder a alimentos y elementos de higiene dada la presencia y tensión entre actores armados en el territorio".
Esta crisis humanitaria ocurre en un contexto donde ya existían Alertas Tempranas 008-23 y 019-23 de la Defensoría del Pueblo, que desde 2023 advierten sobre la intensificación de los riesgos para la población civil, especialmente en el área binacional entre Colombia y Ecuador.
