La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 12 años a dos funcionarios de la Unidad Nacional de Protección (UNP) en Santander, hallados responsables de acoso laboral contra su coordinadora regional. Se trata del agente escolta Alexander Consuegra Payares y del oficial de protección Miguel Ángel Castellanos Montt, quienes fueron sancionados en primera instancia por falta gravísima cometida con dolo.
Detalles del acoso
Según el ente de control, los disciplinados utilizaron cuentas sindicales en redes sociales para difundir más de 100 mensajes injuriosos contra la víctima, exponiendo fotografías familiares y formulando acusaciones de corrupción que la entidad calificó como falsas. A esto se sumó el uso de expresiones soeces en el entorno laboral. Las acciones obstaculizaron el cumplimiento de las funciones de la coordinadora y forzaron su remoción del cargo en 2020.
El Ministerio Público concluyó que las agresiones no fueron incidentes aislados, sino un ataque sistemático con sesgos de género, destinado a socavar su autoridad, honra y estabilidad emocional por su condición de mujer en un cargo de liderazgo. La conducta afectó la salud mental de la víctima, generándole zozobra, temor y aislamiento, al punto de requerir un esquema de seguridad por riesgo extraordinario.
Recurso de apelación
Los sujetos procesales interpusieron recurso de apelación contra el fallo de primera instancia, por lo que la decisión no está en firme.
Acoso laboral en entidades públicas
El fallo se conoce en un contexto donde la Procuraduría ha advertido sobre la magnitud del acoso laboral en entidades estatales. Entre 2021 y el 30 de septiembre de 2024, el ente de control profirió 113 pliegos por acoso laboral y produjo 69 fallos, de los cuales 32 fueron sancionatorios. En el mismo período abrió 282 procesos disciplinarios por acoso sexual, con 52 pliegos de cargos y 47 fallos.
La entonces procuradora general, Margarita Cabello, señaló que la mayoría de las víctimas son mujeres y que muchos casos de acoso laboral se presentan como represalia tras la negativa de pretensiones sexuales. A las cifras de procesos disciplinarios se suman más de 3.500 quejas recibidas por los Comités de Convivencia Laboral en cuatro años, aunque el subregistro sería mayor por temor a denunciar.
UNP bajo la lupa
La sanción se suma a un repertorio de denuncias internas que ha marcado a la UNP. En enero de 2026, la dirección retiró al contratista Nicolás Sarmiento Ramírez tras una denuncia formal de acoso sexual. Un documento feminista citado por la revista Semana sostuvo que las mujeres afectadas coinciden en sus relatos de miedo, vulnerabilidad y falta de garantías institucionales para denunciar. En años anteriores, también se reportaron denuncias contra el entonces jefe jurídico de la entidad por presunto acoso sexual y casos de analistas de riesgo en situaciones similares, según una investigación de El Colombiano de mayo de 2024.
