Inspector de Policía de Soacha enfrenta proceso penal por presuntas agresiones sexuales
José Arturo Figueredo, inspector sexto de Policía en el municipio de Soacha, departamento de Cundinamarca, deberá cumplir una medida de aseguramiento privativa de la libertad en su lugar de residencia, con monitoreo electrónico permanente. Esta decisión judicial se produce tras su judicialización por parte de la Fiscalía General de la Nación, que lo señala como presunto responsable de actos de violencia sexual contra tres guardas de seguridad que laboraban en la misma inspección donde él ejercía autoridad.
Evidencias contundentes respaldan la investigación
La investigación fiscal se sustenta en múltiples pruebas, entre las que destaca una grabación de celular que capturó momentos en los que el inspector sujetaba a una mujer, la tocaba sin su consentimiento y le dirigía frases de contenido sexual explícito. Este material audiovisual, registrado el 3 de junio de 2025, muestra claramente cómo Figueredo se acerca a la vigilante Dalin Selena Monsalve, de 23 años, la toca en distintas partes del cuerpo e intenta forzar contacto físico, mientras ella le solicita repetidamente que se detenga.
Según el testimonio de la víctima, este comportamiento era reiterado y sistemático desde su llegada al cargo, lo que la motivó a documentar los hechos para presentarlos como evidencia. La Fiscalía ha determinado que los presuntos abusos ocurrieron entre los años 2022 y 2025 dentro de las instalaciones oficiales de la inspección, aprovechando el inspector su posición jerárquica y el temor natural de las trabajadoras.
Patrón de conducta abusiva identificado
Las víctimas identificadas en este caso son tres mujeres de 23, 30 y 42 años de edad, quienes habrían sido sometidas a insinuaciones íntimas inapropiadas y agresiones sexuales durante sus turnos laborales. La investigación revela que Figueredo habría utilizado su rol de autoridad para someter a las mujeres a actos en contra de su voluntad, llegando incluso a incurrir en un abuso sexual contra una de ellas en uno de los episodios documentados.
"No se trató de hechos aislados", sostiene la Fiscalía en su argumentación, señalando que las evidencias recolectadas indicarían un patrón de conducta abusiva por parte del funcionario. El caso más reciente salió a la luz pública tras una denuncia difundida por Noticias Caracol, medio que publicó el material audiovisual que luego fue retomado por varios medios de comunicación nacionales.
Proceso judicial y cargos imputados
Una fiscal especializada del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas) le imputó formalmente a José Arturo Figueredo los delitos de acto sexual violento y acceso carnal violento. Frente a estos cargos, el inspector no aceptó responsabilidad y mantiene su declaración de inocencia, aunque deberá enfrentar el proceso penal bajo las restricciones impuestas por la medida de aseguramiento.
Llama la atención que, aunque la víctima principal había acudido a la Fiscalía y a la Alcaldía de Soacha desde mediados de 2025, y el inspector incluso fue suspendido provisionalmente por la Personería municipal, el caso solo avanzó significativamente meses después, con la recolección de pruebas adicionales, el reconocimiento de más víctimas y la publicación mediática que generó atención nacional.
Recursos disponibles para víctimas de violencia de género
Ante casos de violencia basada en género, las autoridades colombianas han dispuesto múltiples canales de atención:
- Línea única de emergencias 123 (solicitar especialista en temas de género)
- Línea Nacional 155 para orientación a víctimas de violencia basada en género
- Red Solidaria de Mujeres: WhatsApp 3223328655
- Línea de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes: 141
- Línea Fiscalía General de la Nación: 122 para denuncias de violencia intrafamiliar y sexual
- Línea Púrpura en Bogotá: 018000112137 (gratuita) y WhatsApp 3007551846
Este caso particular evidencia las fallas estructurales que persisten en el sistema para proteger a las mujeres del acoso y la violencia sexual en espacios laborales, especialmente cuando los presuntos agresores ocupan posiciones de autoridad. La medida de aseguramiento impuesta representa un paso significativo en el proceso judicial, aunque las víctimas y la sociedad esperan que se imparta justicia plena conforme avance la investigación penal.
