La justicia que llega tarde: violencia de género en Santander y la impunidad que persiste
En el departamento de Santander, la violencia contra la mujer no culmina con el acto brutal inicial, sino que se extiende y profundiza a través de la lentitud del sistema judicial, las capturas que nunca se materializan y el miedo que gradualmente se convierte en una rutina cotidiana. Como lo documentó Vanguardia, mientras en el municipio de Betulia una familia lleva más de cinco meses esperando respuestas por el asesinato de Blanca Dolly Bedoya, en Bucaramanga otra mujer enfrenta una situación igualmente desoladora.
Casos emblemáticos que reflejan la crisis
En Bucaramanga, una víctima logró una condena en firme contra su agresor, confirmada incluso por la Corte Suprema de Justicia, pero el hombre que la amenazó de muerte continúa en libertad, burlándose abiertamente de las instituciones. Estas historias no son aisladas; representan el reflejo de un territorio donde el machismo se manifiesta con agresividad permanente y donde el Estado, cuando finalmente interviene, lo hace con una demora que agrava el sufrimiento.
La impunidad en Santander no se limita a la ausencia de castigo; incluye también la dilación procesal que desgasta emocionalmente, el papeleo burocrático que revictimiza y la falta de respuestas institucionales claras. Cuando un caso se enfría debido a investigaciones tardías o negligentes, el mensaje que recibe la sociedad es que cometer feminicidio puede resultar "rentable", porque el sistema judicial no tiene capacidad para responder a todos los crímenes.
Estadísticas alarmantes y fallas sistémicas
Las cifras oficiales revelan una situación desconcertante: solo en enero de 2026 se registraron 28 feminicidios en Colombia, mientras que el año anterior 118 mujeres fueron asesinadas y casi 15.000 sufrieron violencia intrafamiliar. Según advertencias de la Procuraduría General, aproximadamente el 68% de estos crímenes son cometidos por parejas o exparejas, lo que subraya la urgencia de intervenciones efectivas.
Calificar un hecho como "feminicidio" sin actuar con la debida diligencia y rapidez constituye otra forma de frustración institucional. La brecha entre lo registrado en los expedientes judiciales y la realidad vivida por las víctimas erosiona la confianza en las instituciones y profundiza un duelo que ya resulta insoportable para las familias afectadas.
Consecuencias de la inacción estatal
Cuando el Estado llega tarde, el riesgo se instala permanentemente en la vida de las víctimas. Esa convivencia forzada con el miedo representa en sí misma una modalidad de violencia psicológica continua. El caso de la mujer en Bucaramanga es ilustrativo: aunque ganó en los tribunales, sigue perdiendo en la vida real. Su agresor recibió una condena de seis años, pero permanece libre mientras ella vive escondida, con pánico constante, esperando que alguien ejecute la orden de captura.
Esta situación evidencia cómo las sentencias judiciales resultan insuficientes cuando no existen mecanismos eficaces para su cumplimiento. Las víctimas que confiaron en la justicia terminan comprobando que el sistema falla en su misión esencial: proteger a quienes denuncian y garantizar que la ley se aplique de manera contundente.
Necesidad urgente de reformas
Lo que requiere el país, y especialmente regiones como Santander, es una justicia accesible, pronta y efectiva, con enfoque de género y voluntad política real. Ninguna familia debería tener que recurrir a derechos de petición para obtener información básica sobre el avance de sus casos. Resulta crucial que las condenas se ejecuten de manera inmediata y que los agresores no permanezcan en libertad mientras sus víctimas se ven obligadas a esconderse.
Las mujeres tienen derecho constitucional a vivir sin violencia, y cuando ese derecho es violado de manera extrema, merecen que la justicia actúe con la misma contundencia que emplearon sus agresores. La falta de políticas públicas serias y eficaces contra la violencia de género no solo perpetúa la impunidad, sino que normaliza una crisis humanitaria que exige respuestas inmediatas y coordinadas.
