Entre 2015 y 2025, un total de 22.697 niños, niñas y adolescentes fueron víctimas de delitos asociados a la explotación sexual comercial en Colombia, según reveló el Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Pontificia Universidad Javeriana. El estudio, basado en datos del Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) de la Fiscalía y del DANE, confirma que casi la mitad de los casos afecta a menores de 14 años, una etapa crucial para el desarrollo educativo.
El costo educativo de la explotación sexual infantil
El 46,9 % de las víctimas registradas anualmente, en promedio, tiene entre cero y trece años, edad de preescolar y básica primaria. El promedio anual en menores de 14 años se ha mantenido en 803 casos durante la última década, sin cambios significativos. Solo en 2025 se reportaron 2.093 víctimas.
“La victimización en edades tempranas incrementa el riesgo de deserción educativa y limita la acumulación de capital humano, profundizando las desigualdades sociales y económicas”, afirmó Gloria Bernal, directora del LEE de la Javeriana. Además, señaló que esta violencia compromete de forma irreversible el rendimiento cognitivo, la motivación académica y la retención escolar de los menores.
Bogotá, Guaviare y Antioquia: los territorios con más víctimas
Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca y Santander concentran el mayor número absoluto de víctimas, en parte por su tamaño poblacional y por una mayor capacidad institucional para registrar denuncias. En 2025, Bogotá registró la tasa más alta del país, con 42 casos por cada 100.000 menores, seguida de Guaviare, con 40,8; Antioquia, con 24,3, y Quindío, con 23,2.
El LEE advierte que estas cifras pueden estar afectadas por subregistro, especialmente en territorios con menor capacidad institucional para recibir denuncias y activar rutas de atención integral. Un mayor número de casos reportados puede reflejar mejores sistemas de información, mientras que cifras bajas no necesariamente significan menor ocurrencia del fenómeno. Vichada en 2024 presentó una tasa de 112,4, superando el registro de 2019 del Archipiélago de San Andrés (108,7), en contraste con Cesar, Sucre, Cundinamarca y La Guajira, que registraron las menores tasas, todas por debajo de 4 puntos.
Pornografía infantil y la brecha entre víctimas e indiciados
De los 22.697 casos registrados en 11 años, 12.074 corresponden a pornografía con personas menores de 18 años, equivalentes al 53% del total nacional, el delito más recurrente dentro de la explotación sexual comercial infantil. Le siguen la demanda de explotación sexual comercial, con 4.103 casos, y el uso de medios de comunicación para ofrecer servicios sexuales con menores, con 2.583 casos, ambos en clara expansión frente a delitos como la inducción a la prostitución, con 1.939 casos en el mismo periodo.
De acuerdo con ECPAT, Interpol y Unicef, el 21% de los adolescentes manifestó haber experimentado alguna forma de explotación o abuso sexual por medio de tecnologías durante el último año, cifra que equivale a cerca de 860.000 niños, niñas y adolescentes de entre 12 y 17 años en el país.
Mientras el número de víctimas crece, en los últimos 11 años, el total acumulado de indiciados alcanzó 18.883 personas, una cifra que dista de la de víctimas registradas. El pico de sospechosos se dio en 2019, con 2.034 casos, mientras que el mínimo se registró en 2025, con apenas 1.393, un descenso que el LEE atribuye a posibles fluctuaciones en la capacidad investigativa de la Fiscalía General de la Nación. Del total de indiciados, el 72,7% son hombres, concentrados principalmente entre los 27 y los 59 años, frente a 4.043 mujeres (21,4%).
Recomendaciones del LEE
Frente a este panorama, el LEE de la Javeriana insta a políticas integrales que vinculen la protección de niños, niñas y adolescentes con la equidad territorial, priorizando las regiones con mayor prevalencia del fenómeno. Entre las recomendaciones se incluyen la educación afectivo-sexual en colegios, el fortalecimiento de la denuncia y la coordinación entre justicia, salud y protección infantil.
