En la mañana de este 30 de junio, la Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares sobre 47 bienes que harían parte del patrimonio ilícito de una red delictiva señalada de facilitar el tráfico de migrantes y blanquear capitales. Los activos, avaluados preliminarmente en COP 29.106 millones, incluyen ocho inmuebles, tres sociedades, cuatro establecimientos de comercio, ocho vehículos y 24 embarcaciones.
Detalles de los bienes incautados
Según el ente investigador, estas propiedades estaban al servicio de la organización para transportar de forma irregular a extranjeros desde las costas del Golfo de Urabá hasta Centroamérica. Parte de los bienes habría sido adquirida para ocultar y evitar el rastreo de los recursos obtenidos por el traslado irregular de, al menos, 800.000 ciudadanos provenientes de Afganistán, Irak, Arabia Saudita, Haití, Venezuela, Costa Rica, China y otros países.
Capturas y operativo
Los nueve integrantes de esta red delincuencial fueron capturados el pasado 16 de junio de 2026. La investigación apunta a que la red usaba las costas de Necoclí (Antioquia), Capurganá, Acandí y Sapzurro (Chocó) para transportar a los migrantes hacia países de Centroamérica. Las capturas ocurrieron en Necoclí, Apartadó y Medellín (Antioquia), en una operación liderada por la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos de la Fiscalía Delegada para las Finanzas Criminales, en articulación con la Dijín de la Policía, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos.
Modus operandi de lavado de activos
Según la Fiscalía, estas personas tenían el rol de ayudar a lavar el dinero producto del tráfico de migrantes a través de transacciones en efectivo, la creación de empresas fachada de transporte marítimo y fluvial, la compra de bienes muebles e inmuebles y pequeñas transferencias de dinero bajo la modalidad de “pitufeo”.
