Durante el fin de semana de la segunda vuelta de elecciones en Colombia, Rafaela Cortés Zambrano, gobernadora del Meta y presidenta de la Federación Nacional de Departamentos, expresó su preocupación por la seguridad tras la denuncia del alcalde de Mesetas, Camilo Pulgarín, quien habría sufrido un presunto intento de secuestro.
Intento de secuestro y extorsión
El incidente ocurrió el miércoles, cuando el alcalde realizaba un recorrido por el parque central de Mesetas, frente a la Alcaldía. Un integrante de un grupo disidente de las Farc lo abordó. El alcalde alertó a su esquema de seguridad, que junto con la Policía capturó a tres personas. Según la secretaria de Gobierno del Meta, Andrea Lizcano, desde hacía aproximadamente dos meses el alcalde recibía exigencias económicas por parte de este grupo, que le solicitó alrededor de COP 400 millones. Los capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía, pero el fiscal del caso decidió dejarlos en libertad al considerar que era un caso de constreñimiento, sin avanzar en la judicialización.
Las autoridades advirtieron que, tras la liberación, los hombres se habrían reunido nuevamente en el municipio y recibido instrucciones de atentar contra la vida del alcalde, en lugar de continuar con la presión económica. Por ello, la Gobernación del Meta activó un operativo de seguridad para sacar al alcalde de la zona y trasladarlo a Villavicencio, donde permanece mientras se realizan verificaciones e investigaciones.
Llamado urgente al Gobierno Nacional
“Es un hecho extremadamente grave que no puede pasar inadvertido ni ser minimizado. Hoy hago un llamado urgente al Gobierno Nacional para que el Meta no sea dejado solo. Necesitamos toda la capacidad institucional del Estado para proteger a nuestros ciudadanos, a nuestros líderes y a nuestra democracia”, aseguró Rafaela Cortés. La gobernadora también mencionó el homicidio del exalcalde de Cubarral, Rogers Mauricio Devia Escobar, ocurrido el 15 de mayo, así como denuncias sobre presiones atribuidas a disidencias de “Iván Mordisco” y “Calarcá” y otras estructuras armadas ilegales.
Ante los hechos recientes, se mantuvo activo el Puesto de Mando Unificado Departamental, articulado con el Ejército, la Policía, la Fiscalía, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y la Registraduría, para hacer seguimiento a la seguridad durante el proceso electoral del domingo 21 de junio. Sin embargo, la gobernadora insistió en que los riesgos actuales exigen presencia permanente del Estado antes, durante y después de esta jornada democrática.
Contexto de violencia en el Meta
La persistencia de dinámicas de violencia en varias zonas del territorio llevó a Cortés a reiterar su llamado: “Hoy hago un llamado urgente al Gobierno Nacional para que el Meta no sea dejado solo. Necesitamos toda la capacidad institucional del Estado para proteger a nuestros ciudadanos, a nuestros líderes y a nuestra democracia”. La gobernadora enfatizó que la situación exige una respuesta integral y continua por parte del Estado.
