Para el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ), la prioridad del Estado colombiano debería ser pasar del combate armado a la protección de las comunidades. La próxima persona que llegue a la Casa de Nariño heredará un desafío que ha derrotado a gobiernos de izquierda, derecha o cualquier corriente política: la seguridad.
Un problema mal formulado
Sin embargo, un informe del ICTJ plantea que el problema podría estar mal formulado desde hace años. Tras analizar la evolución de la violencia una década después del Acuerdo de Paz con las Farc, el documento concluyó que Colombia sigue intentando resolver una guerra que ya terminó. Mientras los grupos armados se han transformado y adaptado, la respuesta del Estado continúa siendo la misma: una estrategia militar que no aborda las causas profundas de la violencia.
La necesidad de un cambio de enfoque
El estudio señala que la persistencia de la violencia no se debe a la continuación del conflicto con las Farc, sino a la aparición de nuevos actores armados y a la reconfiguración de los existentes, como el Clan del Golfo. Estos grupos se alimentan de economías ilícitas y de la debilidad institucional en territorios abandonados por el Estado. Por ello, el ICTJ propone un giro radical: en lugar de priorizar la ofensiva militar, el Estado debe concentrarse en proteger a las comunidades, fortalecer la presencia institucional y garantizar los derechos humanos.
Recomendaciones del ICTJ
El informe incluye varias recomendaciones concretas. Entre ellas, destaca la necesidad de implementar de manera integral el Acuerdo de Paz, especialmente en los puntos relacionados con la reforma rural y la sustitución de cultivos ilícitos. También sugiere crear mecanismos de protección colectiva para líderes sociales y defensores de derechos humanos, así como fortalecer la justicia transicional para garantizar verdad, justicia y reparación a las víctimas.
Para el ICTJ, el fracaso de las estrategias de seguridad anteriores radica en que no han logrado desactivar los factores que alimentan la violencia. La solución no es más guerra, sino más Estado y más protección para quienes viven en las zonas más afectadas.
