El paso por la vía Tuluá - Andalucía, que había sido bloqueado desde el martes 30 de junio por integrantes de Frenacol, la Guardia Cimarrona y varios consejos comunitarios, fue habilitado luego de que se instalara una mesa de diálogo con representantes del Gobierno Nacional y departamental. Los manifestantes exigían el cumplimiento de acuerdos relacionados con el acceso a la tierra, la consulta previa y la protección de líderes sociales.
Movilización y levantamiento del bloqueo
La movilización, convocada por el Frente Nacional Afrocolombiano (Frenacol), la Guardia Cimarrona de los Valles Interandinos y varios Consejos Comunitarios, fue levantada tras acordar nuevos encuentros para revisar el avance de los compromisos. La concesión Proyectos de Infraestructura S.A.S. (PISA), encargada del corredor, confirmó que la vía estuvo completamente cerrada, lo que generó graves traumatismos en la movilidad por el centro del Valle del Cauca.
Denuncias de incumplimiento
Las organizaciones calificaron la protesta como una “Toma Ancestral Pacífica”, argumentando que “no se cumplieran los compromisos adquiridos durante diferentes mesas de concertación con entidades del Gobierno Nacional”. En un comunicado conjunto señalaron: “Ante los reiterados incumplimientos del Gobierno Nacional y el constante desconocimiento de los derechos de las comunidades negras afrocolombianas, nos hemos visto obligados a iniciar una Toma Ancestral Pacífica como mecanismo legítimo de exigencia y defensa de nuestros derechos constitucionales, territoriales y colectivos”.
Los voceros indicaron que durante meses participaron en espacios de diálogo donde se pactaron acciones sobre adjudicación de tierras, protección de líderes, respeto a la consulta previa y fortalecimiento de los Consejos Comunitarios, pero sostienen que esos compromisos no se materializaron.
Exigencias de las comunidades
Entre las principales solicitudes planteadas por los manifestantes están: el cumplimiento inmediato de los acuerdos suscritos con las comunidades negras; garantías para el acceso y adjudicación de tierras; respeto al derecho a la consulta previa, libre e informada; medidas de protección para líderes, lideresas y defensores de derechos humanos; fortalecimiento de los Consejos Comunitarios y acciones de reparación histórica; y la presencia de funcionarios del Gobierno con capacidad de tomar decisiones.
Los manifestantes también expresaron su inconformidad con la gestión de entidades como la Agencia Nacional de Tierras (ANT), la Sociedad de Activos Especiales (SAE), la Dirección de Consulta Previa, la Unidad Nacional de Protección (UNP) y el Ministerio del Interior.
Próximas reuniones
El secretario de Asuntos Étnicos del Valle, Óscar Lenis, explicó que se programaron dos reuniones este miércoles en Bogotá, con el Ministerio del Interior y la ANT, donde se revisarán los avances en los acuerdos. La segunda será el jueves en el Valle del Cauca, con otras entidades nacionales.
