La desaparición y muerte de Valeria Afanador, de 10 años, ocurrida en agosto de 2025 en Cajicá, ha llevado a la Gobernación de Cundinamarca a cancelar definitivamente la licencia de funcionamiento del Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe. La decisión, contenida en la Resolución 004627 de junio de 2026, declara administrativamente responsable al plantel y a su rectora, Sonia Ochoa Daza, por una infracción grave a las normas que regulan la prestación del servicio público educativo. Aunque el fallo no está en firme y la defensa puede interponer recursos, ordena el cese de operaciones al finalizar el calendario escolar de este año y exige a las directivas presentar un plan de reubicación de estudiantes antes del 31 de octubre de 2026.
Investigación penal avanza con imputación a docentes
Paralelamente, la Fiscalía General de la Nación avanza en la investigación penal. Según reveló este diario el 2 de junio, el ente acusador tiene listos los elementos para imputar cargos a dos docentes por presunta responsabilidad penal en el descuido de sus deberes de custodia y vigilancia el día de la desaparición. El debate jurídico se centra en la figura de la comisión por omisión, ya que Medicina Legal dictaminó que Valeria falleció por ahogamiento en el río Frío, sin signos de violencia física.
El representante civil de la familia, Julián Quintana, sostiene que el personal del colegio rompió su posición de garante al permitir que la niña saliera del perímetro escolar sin activar alertas internas. La Gobernación ordenó compulsar copias de lo actuado a la Fiscalía para evaluar la conducta de la rectora Ochoa, lo que podría endurecer el escenario penal contra la directiva.
Colegio ubicado en zona de alta vulnerabilidad
La infraestructura del colegio es otro punto crítico. El plantel está edificado a menos de 50 metros de la ronda del río Frío, sin perímetros de seguridad efectivos para los estudiantes. Esta cercanía motivó la sanción administrativa y llevó a la Fiscalía a abrir una línea de investigación paralela por un presunto delito ambiental atribuible a las directivas.
La defensa técnica del colegio, liderada por el abogado Francisco Bernate, ha cuestionado la imputación penal, argumentando fallas en la vinculación temporal de los docentes. Sin embargo, con el cierre administrativo ordenado y el expediente en la Fiscalía, la institución enfrenta un nuevo frente jurídico que podría sentar precedentes sobre la seguridad escolar en Colombia.
