La Procuraduría General de la Nación ha iniciado una investigación disciplinaria contra dos miembros del comité evaluador del componente jurídico de la Dirección de Antinarcóticos (Diran) de la Policía Nacional. Los investigados son Luis Francisco Vargas Bautista y Ginneth Andrea Vivas Chepe, quienes formaban parte del equipo encargado de la evaluación jurídica de un proceso de selección abreviada que actualmente está en curso.
Presuntas irregularidades en la contratación
De acuerdo con el ente de control, la investigación busca esclarecer si durante el trámite del proceso contractual se presentaron actuaciones que pudieron vulnerar los principios de la contratación estatal y el debido proceso de uno de los proponentes. En particular, se indaga si se negó de manera injustificada la modificación de uno de los integrantes del Consorcio Rural, a pesar de que la comunicación oficial habría sido registrada oportunamente en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP II) antes del cierre del plazo para la recepción de ofertas.
Impacto en la participación del oferente
El Ministerio Público busca determinar si esa decisión afectó la participación del oferente en el proceso de selección y si, como consecuencia, el consorcio fue excluido injustificadamente. La apertura de la investigación tiene como objetivo esclarecer las circunstancias en las que se adoptó la decisión y verificar si los funcionarios actuaron conforme a las disposiciones legales y reglamentarias que regulan la contratación pública.
Pruebas y versiones libres
Como parte de las actuaciones, la Procuraduría ordenó la práctica de pruebas documentales relacionadas con el proceso de selección y dispuso escuchar en versión libre a Luis Francisco Vargas Bautista y Ginneth Andrea Vivas Chepe, con el fin de establecer su participación en los hechos materia de investigación. Con las pruebas recaudadas durante esta etapa procesal, el órgano de control evaluará si existió un posible desconocimiento de los principios de transparencia, igualdad y selección objetiva, así como una eventual afectación al debido proceso dentro del procedimiento adelantado por la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional.
