Entre el 25 y 26 de junio de 2026, el Ministerio de Ambiente inició la consulta previa para un proyecto de resolución que busca declarar una reserva en el bioma amazónico colombiano, con el objetivo de que no se otorguen nuevas concesiones mineras ni se celebren nuevos contratos de exploración y explotación de hidrocarburos en la región. La instalación formal del proceso ocurrió durante la sesión No. 006 de la Mesa Regional Amazónica (MRA), un espacio de concertación entre los pueblos indígenas de la Amazonia colombiana y el Gobierno Nacional.
Ruta de consulta y participación indígena
Según la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana (OPIAC), se acordó una ruta de consulta para que los pueblos indígenas puedan participar en el análisis y plantear sus posiciones. Para ello, se están realizando despliegues territoriales en los nueve departamentos de la Amazonia. El Ministerio del Interior indicó que en el proceso han intervenido pueblos indígenas como el Nasa, Embera, Pastos, Yanacona e Inga, asentados en Putumayo, Caquetá, Guainía y Vaupés, entre otros.
Desde la OPIAC agregan que también participan todos los garantes: la Procuraduría, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio del Interior y la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa. Las comunidades ya venían trabajando en el alistamiento técnico y en una preconsulta desde febrero. Construyeron un primer documento de observaciones al proyecto de resolución y el Minambiente les presentó una propuesta ajustada, que los pueblos indígenas discuten en varios territorios. Aunque por el momento los delegados prefieren no referirse a aspectos puntuales, esperan protocolizar sus acuerdos en aproximadamente dos semanas y presentar sus recomendaciones frente al articulado.
Desafíos de tiempo y jurídicos
La pregunta que varios se hacen es si el ministerio logrará expedir la resolución a tan solo un mes de que llegue el nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella. María Aponte, abogada y consultora sénior en Holland & Knight, firma que asesora a empresas del sector energético, afirma que intentar culminar en tan corto tiempo el proceso consultivo podría generar “cuestionamientos sobre la suficiencia de la participación y el debido análisis de las opiniones de las comunidades y de la ciudadanía”.
Otro abogado, experto en asuntos indígenas y ambientales, que conoce de cerca el proceso pero prefiere no ser citado, también duda de que esta idea del Minambiente pueda completarse en un mes. “Aunque la representación está en la OPIAC, a veces hay disputas internas con otras organizaciones regionales, pueden tener sus diferencias”, dice. El Mininterior explica que la consulta previa no está sujeta a un plazo determinado, y se trata de un escenario de diálogo y concertación en el que las comunidades étnicas y el ejecutor del proyecto construyen conjuntamente una ruta metodológica.
Antecedentes y anuncio en la COP30
Durante la COP30, en noviembre del año pasado, la ministra (e) de Ambiente, Irene Vélez Torres, anunció que Colombia había declarado su territorio amazónico como una reserva libre de actividades de gran minería e hidrocarburos. Aunque el anuncio se replicó rápidamente, la iniciativa todavía no ha quedado en firme. Para sacarla adelante, el ministerio debe adelantar una consulta previa con los pueblos de la Amazonia, que darán o no su visto bueno.
El primer borrador de esta propuesta fue publicado por el Minambiente el 26 de septiembre del año pasado. Planteaba delimitar los 483.283 kilómetros cuadrados de la Amazonia colombiana, alrededor del 42 % del territorio continental del país, para que esté libre de actividades de gran minería e hidrocarburos. “Lo hacemos para evitar la pérdida y degradación de bosques; el acaparamiento hídrico y la contaminación de nuestros ríos”, comunicó en su momento la ministra (e) Vélez.
Reacción del Mininterior y del nuevo gobierno
Pocos días después, el Mininterior envió un concepto a la cartera de Ambiente, aclarándole que antes debía llevar a cabo un proceso de consulta previa, pues el proyecto “regula aspectos concretos y [es] de especial interés colectivo para los pueblos étnicos”. Además, le recordó que en la región se han identificado 566 comunidades étnicas, a las cuales se les debe “valorar y respetar el conocimiento propio”, así como sus “métodos tradicionales para identificar y relacionarse con su territorio”.
Fabio Arjona, ministro de Ambiente designado por De la Espriella, ha recibido con escepticismo la medida del Gobierno Petro. En entrevista con este diario, dijo que “reglamentar no es gobernar”, refiriéndose a la manera en que se atienden las diversas y complejas dinámicas en la Amazonia. “Cuando se hacen ese tipo de exclusiones (especialmente de minería), lo que se está fomentando es una enorme ilegalidad”, aseguró. Para Arjona, una declaración de la Amazonia libre de explotación minera se queda en el papel, pero en la práctica “va a contribuir a la ilegalidad”.
Efectividad y posibles escenarios
El abogado especialista en asuntos indígenas rescata algunos aspectos de la iniciativa del Minambiente. Dice que es ambiciosa y comparte el objetivo de proteger la Amazonia frente a actividades extractivas, pero tiene dudas desde el punto de vista jurídico y procedimental. La principal es sobre la vinculatoriedad de la resolución. “El riesgo es que las empresas del sector minero energético la demanden y las cortes, en algún momento, decidan a su favor diciendo, por ejemplo, que el ministerio no tenía competencia para hacer esa declaratoria”, señala.
Aponte también explica que si la resolución se logra expedir antes de la posesión de De la Espriella, el nuevo gobierno podría impulsar su modificación o derogatoria a través de un nuevo acto administrativo, especialmente si considera que genera impactos económicos importantes sobre los sectores de hidrocarburos o de minería. “Incluso, bajo determinadas circunstancias previstas, podría analizarse la procedencia de mecanismos como la revocatoria directa, aunque ello estaría sujeto al cumplimiento de los requisitos y limitaciones que establece el ordenamiento jurídico”, agrega.
Margarita Flórez, directora de la Asociación Ambiente y Sociedad, afirma que el proyecto puede ser “fácilmente desmontable”. A sus ojos, en la región hay problemas más grandes, como la minería ilegal de oro y la contaminación con mercurio que se deriva de ella. Alejandra Laina, directora del programa de Alimentos, Suelo y Agua de WRI Colombia, planteaba que la iniciativa se enfoca “en la minería y los hidrocarburos legales, mientras que los mayores desafíos ambientales y sociales están asociados a dinámicas ilegales aún no atendidas”.
Un reciente informe de Crisis Group explica que la Amazonia está siendo gravemente afectada por el crimen organizado. Grupos al margen de la ley, aprovechando la débil gobernanza, se adentran en la selva buscando nuevas rutas para el narcotráfico y yacimientos para la minería ilegal.
