La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra varios funcionarios y exfuncionarios del Fondo Rotatorio de la Policía Nacional (FORPO) y del Centro Integrado Policial Permanente Anticontrabando (CIPPA) por presuntas irregularidades en la contratación de drones para la Policía Nacional en 2022.
Funcionarios involucrados en la investigación
Los investigados son el coronel (r) Didier Alberto Estrada Álvarez, exdirector general del FORPO; la capitán Alejandra Sepúlveda Figueroa, quien se desempeñaba como coordinadora del CIPPA; el intendente Ismael de Aguas, verificador de información del CIPPA; y el mayor Edwin Arley Espejo Navarro, supervisor del contrato por parte del FORPO en ese momento.
El contrato, cuyo valor superó los 3.700 millones de pesos, estaba destinado a la adquisición de sistemas aéreos remotamente tripulados (SIART) para labores de vigilancia y control.
Irregularidades en la selección del contratista
La Procuraduría busca determinar si hubo deficiencias en la formulación de los factores de selección del contratista, lo que habría afectado la legalidad y ejecución del contrato. El ente de control señaló que la investigación pretende esclarecer si la actuación de los funcionarios se ajustó a sus deberes o si existieron conductas con relevancia disciplinaria.
La investigación se encuentra en etapa de recolección de pruebas. Una vez concluida, se definirá si hay mérito para formular cargos disciplinarios contra los implicados.
