Hoja de coca supera a alimentos básicos en extensión de cultivos nacionales
El más reciente informe sobre cultivos de coca en Colombia, elaborado por la Policía Nacional con corte al segundo trimestre de 2025, revela datos preocupantes sobre la extensión de este cultivo ilícito en el territorio nacional. Según las cifras oficiales, el país registró 258.140 hectáreas sembradas con hoja de coca, lo que representa una disminución del 1,54% frente a las 262.179 hectáreas del trimestre anterior.
Posicionamiento alarmante entre los cultivos nacionales
Lo más impactante del informe es que la hoja de coca se mantiene como el octavo cultivo de mayor extensión a nivel nacional, superando significativamente a alimentos básicos de la canasta familiar colombiana. De acuerdo con datos de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (Upra), los cultivos con mayor extensión sembrada son:
- Café: 838.838 hectáreas
- Arroz: 711.030 hectáreas
- Palma de aceite: 689.915 hectáreas
En el octavo lugar se ubica la hoja de coca con 258.140 hectáreas, por encima de cultivos tradicionales como:
- Yuca: 241.246 hectáreas
- Caña panelera: 228.046 hectáreas
- Papa: 196.756 hectáreas
Comparaciones reveladoras con cultivos alimenticios
La magnitud del área sembrada con coca resulta aún más evidente al realizar comparaciones directas con otros cultivos alimenticios. Los datos muestran proporciones alarmantes:
- Por cada hectárea de aguacate hay casi dos hectáreas de coca
- Por cada hectárea de cítricos, poco más de dos hectáreas de coca
- Por cada hectárea de fríjol, casi tres hectáreas de coca
- Por cada hectárea de mango, alrededor de seis hectáreas de coca
- Por cada hectárea de cebolla, cerca de nueve hectáreas de coca
Factores que explican la persistencia del cultivo
María Alejandra Vélez, profesora de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes y directora de desarrollo rural, economías ilícitas y medio ambiente del Centro de Estudios de Seguridad y Drogas (Cesed), explicó las razones detrás de esta amplia disparidad. Según la experta, los problemas de marginalidad rural son determinantes para que muchos campesinos continúen cultivando coca.
"La coca es un cultivo difícilmente reemplazable: ofrece cosechas cada tres o cuatro meses, precios estables, compradores seguros y liquidez inmediata, incluso en pequeñas parcelas; además, requiere poco capital e infraestructura", señaló Vélez, quien también mencionó factores como la baja provisión de bienes públicos, la falta de acceso a la tierra y los débiles derechos de propiedad.
Esfuerzos de sustitución y perspectivas gubernamentales
El presidente Gustavo Petro ha destacado que su Gobierno registra las mejores cifras de la última década en materia de sustitución de cultivos ilícitos, con más de 25.000 hectáreas en proceso de transición hacia una economía legal. Gloria Miranda, directora de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, enfatizó que los resultados muestran avances significativos.
"En 2024 el crecimiento de la coca se redujo en 3%, en contraste con el aumento de 43% registrado en 2021, tras la erradicación forzada de 130.000 hectáreas el año anterior", afirmó Miranda, quien considera que estos datos confirman que la sustitución es una estrategia efectiva y sostenible.
Desafíos persistentes en la transformación rural
Sin embargo, Vélez advirtió sobre los desafíos estructurales que persisten en las regiones cocaleras. La experta señaló que la transformación de estas zonas no ha sido efectiva en ningún gobierno anterior, y que la coca sigue apareciendo como una opción más rentable para muchos campesinos.
Entre los problemas identificados se encuentran la falta de presupuesto adecuado, retrasos en las entregas de apoyo, débil asistencia técnica y escasa articulación institucional. Estos factores han limitado la efectividad del Programa Nacional Integral de Sustitución (Pnis) y mantienen a la coca como una alternativa económica atractiva en regiones con pocas oportunidades de desarrollo legal.
La persistencia de la hoja de coca como uno de los cultivos más extensos del país refleja no solo un desafío de seguridad, sino principalmente un problema estructural de desarrollo rural que requiere soluciones integrales y sostenibles más allá de las medidas de erradicación.
