El sector artístico y cultural continúa enfrentando la necesidad de justificar su relevancia. Los Estados han adoptado el concepto de “industrias culturales” como herramienta, repetido con devoción dogmática en los ministerios, lo que ha instaurado la costumbre de medir todo. Bajo esta lógica, los derechos culturales, las identidades, el patrimonio y la diversidad se convierten en variables para dinamizar el mercado. Lo que importa no es el sistema mitológico de relaciones que sostiene la cultura, sino los réditos que produce.
Las cifras desmienten los recortes
Para defender la cultura frente a los presagios de la próxima agenda gubernamental, es necesario jugar el juego de medirlo todo. Las cifras contradicen a quienes proponen fusionar ministerios, reducir la institucionalidad del sector o repetir que la inversión cultural es un gasto. En Colombia, las actividades artísticas y creativas aportan cerca del 3,3% del PIB y generan más de 1,1 millones de empleos directos e indirectos. Su financiación tiene un efecto multiplicador: dinamiza cadenas productivas como el turismo, la gastronomía, la hotelería, el transporte y las ferias, amplificando varias veces el impacto inicial de los recursos públicos.
Crecimiento récord en la economía cultural
Los resultados recientes muestran un crecimiento significativo de la economía cultural. Durante el gobierno Petro se aprobó un cupo fiscal de $1,4 billones para CoCrea, un 60% más que en la administración anterior, lo que movilizó más de $1,22 billones en inversión privada, más de diez veces lo logrado previamente. Los beneficios ahora se distribuyen en 21 departamentos, incluyendo regiones como el Caribe, la Amazonía y el Pacífico.
Además, el recaudo de la contribución parafiscal cultural ha aumentado gracias al crecimiento de los espectáculos públicos en Colombia. En 2025, este segmento de las actividades artísticas representó el 0,4% del PIB nacional y, junto con las economías creativas, creció un 9,9% anual, posicionándose entre los sectores más dinámicos de la economía. El sector cinematográfico sigue la misma tendencia, con una inversión del Gobierno a través de certificados tributarios que supera los $150.000 millones anuales.
Educación artística y empleo formal
El programa cultural del Gobierno se centró en garantizar el derecho a la educación artística y cultural, visto por algunos como un exceso. Sorprende que aún no sea claro para cualquier modelo de gobierno que una de las mayores inversiones sociales está en ofrecer educación integral. Además, genera empleo formal para más de 10.000 artistas y gestores, de los cuales el 79% obtiene más del 51% de sus ingresos de esta iniciativa “poco rentable”. También habría que incluir el programa de rutas de turismo biocultural, que reúne más de 250 experiencias de economía popular y ha revitalizado la economía de las familias en casi 200 municipios donde se implementa.
Política pública y crecimiento económico
Todo esto demuestra que una política pública orientada a la financiación mixta, la descentralización, la protección de la creación y el fortalecimiento de los derechos culturales también produce crecimiento económico. Así lo refleja la cuenta satélite de economía cultural del Dane: el valor agregado bruto del sector creció de $37,2 billones en 2022 a $44,3 billones en 2024 y representó el 2,9% del valor agregado nacional. Estos logros merecen celebrarse. Lo que no puede ocurrir es que el sector cultural termine reducido a una ecuación contable y que su relevancia dependa exclusivamente de los números que produce. El verdadero valor de la cultura reside precisamente donde la lógica de la eficiencia industrial se detiene. Ningún gobierno que reduzca la cultura a un sector económico comprenderá jamás que, antes de producir riqueza, la cultura produce sociedad.
