En un esfuerzo por adaptar la arquitectura del Estado a las necesidades actuales, surge la propuesta de fusionar los ministerios de Ambiente y Agricultura, ajustando sus competencias. La razón fundamental es que la experiencia ha demostrado que en el territorio, las dimensiones productiva y ambiental están intrínsecamente ligadas: no se puede diseñar una política para la biodiversidad basada en la idea de que los ecosistemas son “improductivos”.
Integración de políticas productivas y ambientales
Gestionar un maizal, independientemente de su escala, implica administrar un ecosistema completo. La gestión del agua y la crisis climática son tareas inseparables de la producción agrícola. Por ejemplo, un distrito de riego no solo provee agua para cultivos, sino que también puede ser una oportunidad para la conservación. Asimismo, una reforma agraria sin perspectiva de sostenibilidad estaría condenada al fracaso.
La Convención sobre la Diversidad Biológica señala que la destrucción de hábitats silvestres es la principal causa de pérdida de biodiversidad, y esta destrucción está vinculada a la expansión del sector agroalimentario. Sin embargo, ya existen prácticas de producción regenerativa que permiten ser eficientes y sostenibles. Un agro sostenible es responsable con los suelos, las aguas, la fauna y la flora, y considera a los productores, sean grandes o pequeños, como agentes de gestión territorial.
Mecanismos financieros para la sostenibilidad
La fusión permitiría definir mecanismos financieros que aumenten la rentabilidad y el bienestar de todos los actores. La sociedad demanda alimentos, pero también paisajes y servicios ecosistémicos, como la captura y retención de carbono. Existe una fiscalidad internacional ligada al buen manejo del territorio, y es necesario aprovechar el conocimiento y las capacidades para rediseñar el ordenamiento territorial con sensatez.
Es crucial dejar de pensar que el ordenamiento territorial es solo un asunto de abogados y determinantes legales, como la Unidad Agrícola Familiar (UAF) o las Áreas de Protección de la Producción Agrícola (APPA). En su lugar, se debe hablar de las condiciones habilitantes que ofrece la biodiversidad y reconsiderar los Pagos por Servicios Ambientales (PSA), que no deben ser vistos como subsidios populistas.
Superación de divisiones falsas
El desarrollo rural no puede seguir atrapado en una falsa dicotomía entre el campesinismo y el emprendimiento agroindustrial, que incluye la acuicultura y la forestería. Esta división distorsiona el Sistema Nacional Ambiental (SINA) y dificulta la coordinación con otros sectores como el minero-energético, infraestructura, comercio y turismo. La visión de autoridad ambiental se ha construido sobre la desconfianza, convirtiendo al Ministerio de Ambiente en una superintendencia de vigilancia en lugar de una instancia promotora de la sostenibilidad.
Un ministerio dedicado al diseño territorial basado en paisajes sostenibles requeriría fortalecer Parques Nacionales, manejado por un cuerpo colegiado, donde los actores económicos puedan ver y sentir los beneficios de una funcionalidad ecosistémica saludable.
Innovación y cooperación
Además, se necesita un régimen de cooperación para la innovación entre el Ministerio de Ciencia (Minciencias), Agrosavia y los institutos del SINA, que a menudo han estado marginados en la toma de decisiones estratégicas. Estas son ideas para avanzar hacia un desarrollo más integrado y sostenible.
