La suspensión del programa Mi Casa Ya redujo drásticamente las ventas de vivienda nueva, dejando a Colombia con más hogares arrendatarios que propietarios: solo un 38% de los hogares es dueño de su vivienda. Con el cambio de gobierno previsto para el 7 de agosto, el sector inmobiliario espera con expectativa las decisiones de la nueva administración.
Portafolio conversó con Mario Andrés Ramírez Peña, presidente ejecutivo de la Federación Colombiana de Lonjas de Propiedad Raíz (Fedelonjas), quien plantea los tres frentes que el gobierno de De la Espriella debería priorizar en sus primeros 100 días para reactivar un sector que, en sus propias palabras, “siente la olla totalmente raspada”.
Crecimiento moderado y expectativas con el nuevo gobierno
“En el primer trimestre del año registramos un crecimiento del 2%, un comportamiento moderado que mantiene la tendencia con la que cerramos 2025. El objetivo sigue siendo recuperar el promedio histórico del sector del 3%”, señaló Ramírez Peña.
El presidente ejecutivo de Fedelonjas advirtió que el aumento del salario mínimo, que calificó como “desbordado y poco técnico”, podría seguir presionando la inflación, que estiman cerrará este año entre 6% y 7%. Además, indicó que la disposición para comprar vivienda sigue cayendo cerca de -33%, aunque el índice de confianza del consumidor haya mejorado.
“El panorama es muy esperanzador frente al nuevo gobierno. Consideramos que, si bien hay muchos retos por delante y un déficit fiscal importante, este gobierno tiene dentro de sus planes la reactivación de la economía y una de sus prioridades es el tema de vivienda”, agregó Ramírez Peña.
Impacto del desmonte de Mi Casa Ya
El desmonte de Mi Casa Ya redujo el acceso a vivienda para muchos hogares, golpeando principalmente a la vivienda de interés social, lo que se tradujo en una caída de las ventas y un aumento de los desistimientos. Según Fedelonjas, cerca de 415.000 hogares se conforman cada año en el país desde 2021, y al no tener el stock necesario de vivienda nueva, esa presión se refleja en los precios de la vivienda usada y del arrendamiento.
Empleo en el sector inmobiliario
Entre 300.000 y 400.000 personas se dedican a actividades inmobiliarias en Colombia, incluyendo corretaje de inmuebles, avalúos y propiedad horizontal. El sector constructor genera 1.600.000 empleos directos e indirectos, una cifra que esperan volver a alcanzar con la reactivación. Ramírez Peña recordó que el 70% de los vigilantes del país trabaja en propiedades horizontales, un sector intensivo en mano de obra cuyos presupuestos se vieron impactados por el aumento del salario mínimo, reflejándose en las cuotas de los propietarios.
Proyecto de ley para regular el corretaje inmobiliario
Fedelonjas impulsa un proyecto de ley que ya pasó su primer debate en el Congreso, con el objetivo de regular el corretaje inmobiliario. “Hoy cualquier persona puede dedicarse a vender inmuebles en el país, porque la actividad no está regulada, y hemos visto cada vez más gente entrando sin ningún tipo de control”, explicó Ramírez Peña.
La iniciativa busca establecer un marco jurídico y un registro de quiénes están habilitados para ejercer esta actividad, que es “muy sensible socialmente porque de por medio está el patrimonio de toda una familia”. Colombia es prácticamente el único país de la región sin una norma de este tipo.
“Medir la masa crítica informal no ha sido tan sencillo. Los afiliados a Fedelonjas son aproximadamente 1.000, pero la masa crítica en las ciudades principales puede ser muchísimo mayor, porque hoy solo se requiere un registro ante la Cámara de Comercio para ejercer la actividad”, señaló. Mientras llega la regulación, el gremio impulsa programas de formación, cursos y diplomados para profesionalizar a sus afiliados.
Tres retos para los primeros 100 días del gobierno De la Espriella
Ramírez Peña enumeró los tres desafíos que el nuevo gobierno debe asumir de manera prioritaria:
- Suficiencia de subsidios: Lo primero será garantizar la suficiencia de subsidios para programas como Mi Casa Ya. Si regresan, se estimularán nuevos lanzamientos de proyectos.
- Mercado de arrendamiento y vivienda usada: Darle un papel más importante al arrendamiento y a la vivienda usada, con una política pública que contemple este segmento.
- Simplificación y modernización de trámites: Los procesos siguen siendo largos, complejos y poco eficientes. La digitalización y el uso de nuevas tecnologías permitirían reducir tiempos y facilitar la compra y venta de inmuebles.
“El principal reto será la situación fiscal del país, es muy compleja”, concluyó Ramírez Peña.
