Las cuentas públicas en Colombia han alcanzado un punto de tensión que obliga a tomar decisiones de fondo, según la Mesa Fiscal 2026, un documento elaborado por expertos convocados por el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana y el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF). El informe describe un escenario donde la sostenibilidad de las finanzas del Estado depende de ajustes más amplios que los aplicados en los últimos años.
La advertencia llega en un momento delicado. El propio informe señala que “la situación fiscal en Colombia es preocupante en la actualidad y en el mediano plazo”. El déficit fiscal, la activación de la cláusula de escape de la Regla Fiscal y el crecimiento de varias obligaciones de gasto llevaron a los investigadores a revisar tanto el diseño institucional como las fuentes de presión que enfrentarán las finanzas públicas durante la próxima década.
Propuestas para la Regla Fiscal
La Mesa Fiscal sostiene que la estructura vigente de la Regla Fiscal debe mantenerse: “Para el caso colombiano, la arquitectura actual de la Regla Fiscal es adecuada y se debe preservar”. El análisis destaca que el esquema actual ya incorpora herramientas relevantes para contener el endeudamiento público, como el ancla de deuda de mediano plazo, las metas fiscales ligadas a ese límite y los mecanismos que permiten absorber choques temporales.
Uno de los cambios sugeridos se concentra en la cláusula de escape, que permite suspender temporalmente la aplicación de la Regla Fiscal en situaciones extraordinarias. Actualmente, puede activarse hasta por tres años, previo concepto del CARF. La Mesa considera que los criterios son demasiado amplios y propone restringirlos a eventos “sobrevinientes” o “fortuitos”. También plantea exigir mayores justificaciones cuando el Gobierno decida apartarse de los conceptos técnicos emitidos por el CARF.
Fortalecimiento institucional del CARF
La propuesta busca fortalecer el peso institucional del CARF. Los investigadores sugieren que, si el Ejecutivo adopta una decisión distinta a la recomendada por el CARF, deba explicar formalmente las razones ante el Confis y posteriormente ante el Congreso.
El documento también identifica riesgos que van más allá de las cifras anuales del déficit. Uno de ellos aparece en el sistema pensional. “Cuando se producen traslados de personas del Régimen de Ahorro Individual (RAIS) al Régimen de Prima Media (RPM) aumenta el pasivo pensional del Gobierno Nacional Central pero, todo lo demás constante, se reduce el déficit fiscal”, advierte el informe. Para la Mesa Fiscal, este tipo de situaciones puede mejorar algunos indicadores de corto plazo mientras incrementa obligaciones futuras.
Presiones de gasto a futuro
Las proyecciones del documento muestran que entre 2026 y 2036 las presiones adicionales de gasto podrían alcanzar 2,9 puntos porcentuales del PIB. De ese total, 1,8 puntos corresponderían al sistema de salud, 0,6 puntos a pensiones y 0,5 puntos a los regímenes de retiro de las Fuerzas Militares y de Policía. A ello se suma la reforma al Sistema General de Participaciones (SGP), que podría añadir cerca de dos puntos adicionales del PIB en gasto durante la próxima década si no viene acompañada de una transferencia efectiva de responsabilidades desde el Gobierno nacional hacia los entes territoriales.
La Mesa también propone avanzar gradualmente hacia un presupuesto por programas, un modelo que busca vincular el gasto público con objetivos y resultados verificables.
Problemas estructurales en los ingresos
Según el informe, Colombia lleva más de una década aprobando reformas tributarias sin lograr aumentos permanentes en la carga tributaria. “El recaudo tributario como porcentaje del PIB ha mostrado una tendencia prácticamente estancada”, concluyen los expertos. El diagnóstico identifica tres factores principales: beneficios tributarios extensos, elevados niveles de evasión y tarifas que en algunos casos ya alcanzaron niveles que pueden afectar la actividad económica y el recaudo futuro.
Las diferencias son notorias según el impuesto analizado. En el IVA, el principal costo fiscal proviene de exclusiones, exenciones y tratamientos preferenciales. La Mesa estima que esos beneficios equivalen a 5,6 % del PIB, mientras la evasión representa 1,8 %. En renta corporativa ocurre lo contrario: la evasión alcanzaría 5,7 % del PIB, frente a beneficios tributarios cercanos a 1,3 %.
Recomendaciones y ajustes necesarios
A partir de ese diagnóstico, los expertos proponen revisar integralmente el sistema tributario, reducir exenciones ineficientes y fortalecer los mecanismos de control. Entre las medidas planteadas aparece una que probablemente abrirá debate: disminuir la tarifa general del impuesto de renta para empresas, una de las más altas de la OCDE, siempre que la reducción venga acompañada por la eliminación de beneficios tributarios que hoy reducen la base gravable.
El informe también recomienda corregir problemas de doble tributación sobre dividendos y simplificar distorsiones acumuladas durante años. La DIAN ocupa un lugar central dentro de las propuestas. La Mesa considera necesario ampliar el número de funcionarios especializados, fortalecer el análisis de datos y mejorar las capacidades de fiscalización para enfrentar la evasión.
La conclusión del documento es que el ajuste fiscal no dependerá de una única reforma ni de una sola decisión presupuestal. La hoja de ruta combina disciplina fiscal, fortalecimiento institucional, control del gasto, aumento de ingresos estructurales y medidas que permitan sostener el crecimiento económico.
