Colombia logró que cerca de 1,5 millones de personas superaran la pobreza energética entre 2023 y 2025, de acuerdo con el más reciente Informe de Pobreza Energética Multidimensional (IPEM) 2026, presentado por el Ministerio de Minas y Energía. El avance benefició a más de 490.000 hogares y estuvo acompañado por una reducción en las tarifas de energía y la expansión de programas de acceso a servicios energéticos en distintas regiones del país.
Reducción de tarifas y acceso diario a energía digna
Según la información oficial, durante los dos últimos años un promedio de 1.900 personas accedió diariamente por primera vez a un servicio de energía considerado digno. En ese mismo periodo, las tarifas de energía registraron una reducción superior al 28 % en la región Caribe y del 16 % en el promedio nacional, mientras se desarrollaron iniciativas relacionadas con comunidades energéticas, soluciones solares, ampliación del gas domiciliario y tecnologías para reemplazar el uso de leña en zonas rurales.
El índice mostró una reducción en hogares con pobreza energética
El Informe de Pobreza Energética Multidimensional indicó que la proporción de hogares en esta condición pasó de 22,3 % en 2024 a 20,6 % en 2025. La variación representa una disminución de 1,7 puntos porcentuales y equivale a 227.532 hogares y 641.640 personas que superaron esta situación únicamente durante el último año medido. El documento también señala que el 95,7 % de los municipios del país redujo su nivel de pobreza energética. De acuerdo con el Ministerio, la disminución se presentó en todas las regiones, aunque los mayores avances se concentraron en el Caribe, la Amazonía-Orinoquía y el Pacífico.
El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma Egea, afirmó que estos resultados reflejan el impacto de la política de transición energética sobre las condiciones de vida de la población. “Este informe confirma que la transición energética no solo incorpora más energías renovables al sistema, sino que transforma la vida de la gente. Cerca de un millón y medio de colombianos dejaron atrás la pobreza energética porque el Estado llegó con soluciones concretas: paneles solares, acceso a energía, gas domiciliario y comunidades energéticas. La energía dejó de ser un privilegio para convertirse en una herramienta de justicia social y de reducción de las desigualdades territoriales”.
Programas de acceso energético respaldaron los resultados
El Ministerio atribuyó la reducción observada a una estrategia desarrollada entre 2022 y 2026 que integró diferentes programas de infraestructura y acceso a servicios públicos. Entre ellos destacó el programa Comunidades Energéticas, cuyos proyectos en ejecución beneficiarán a más de 28.500 usuarios. La entidad también resaltó los avances del programa Colombia Solar, que proyecta instalar 21.884 soluciones solares durante 2026 y contempla inversiones cercanas a los $8,3 billones hasta 2030. A esto se suma la ampliación del servicio de gas natural para más de 413.000 nuevos usuarios residenciales y la implementación de iniciativas dirigidas a sustituir la leña por tecnologías limpias para cocinar en hogares rurales.
En la distribución territorial de los resultados, el Caribe registró la mayor disminución del índice de pobreza energética con una reducción de tres puntos porcentuales. Después se ubicaron las regiones de Amazonía-Orinoquía y Pacífico. El informe también reportó que los territorios étnicos mantuvieron una tendencia de mejora durante el tercer año consecutivo.
El indicador amplió la forma de medir la pobreza energética
Uno de los cambios incorporados en el IPEM consiste en ampliar los criterios utilizados para evaluar la pobreza energética. El informe dejó de considerar únicamente el acceso a la electricidad e incorporó variables relacionadas con conectividad, tecnologías de información, condiciones de la vivienda, combustibles utilizados para cocinar y disponibilidad de equipamiento básico en los hogares. De acuerdo con el Ministerio, este enfoque busca medir el acceso a la energía como un elemento asociado al ejercicio de derechos vinculados con la educación, la salud, las comunicaciones y las oportunidades de desarrollo económico.
Sobre esta metodología, el ministro Edwin Palma sostuvo que el índice permite orientar con mayor precisión la formulación de políticas públicas. “Medir la pobreza energética nos permite hacer política pública con precisión. Hoy sabemos dónde están las mayores brechas y dónde debemos seguir concentrando la inversión pública. Nuestro propósito es claro: que ningún colombiano vea limitado su proyecto de vida por falta de acceso a servicios energéticos seguros, confiables y asequibles”.
