La Corte de Alberta, en Canadá, autorizó a Canacol Energy a terminar varios contratos de suministro y transporte de gas natural el pasado 24 de junio, como parte de su proceso de reorganización bajo la Companies' Creditors Arrangement Act (CCAA). Sin embargo, el futuro de la compañía en Colombia no se definirá en ese país, sino ante las autoridades colombianas. La Superintendencia de Sociedades (Supersociedades) tendrá la última palabra sobre si reconoce o no los efectos del fallo dentro del proceso de insolvencia transfronteriza que adelanta la empresa.
El fallo canadiense y sus limitaciones en Colombia
El juez Colin C.J. Feasby autorizó a Canacol a terminar contratos de suministro y transporte como parte de su reestructuración financiera, bajo la premisa de que ello facilitaría nuevas relaciones comerciales sostenibles. No obstante, esa autorización no tiene aplicación inmediata en Colombia. Para que produzca efectos, debe ser reconocida por la Supersociedades, que evaluará si la decisión es compatible con la Ley 1116 sobre insolvencia transfronteriza, el orden público económico y la protección de acreedores e interés general.
Hasta que no exista un pronunciamiento de la autoridad nacional, los contratos permanecen vigentes y las obligaciones derivadas continúan produciendo efectos, según fuentes consultadas.
Posición de los actores del mercado
Julio César Vera, presidente de la Fundación Xua Energy y experto en hidrocarburos, explicó que "a la luz de la Ley 1116 requiere una autorización de la Superintendencia de Sociedades sobre dicha decisión y esta última está facultada para negar medidas que vayan en contra del ordenamiento nacional, por lo cual dicha entidad tiene la última palabra". Además, indicó que la Agencia Nacional de Hidrocarburos y la Superintendencia de Servicios Públicos también podrían adoptar medidas si encuentran incumplimientos operativos o contractuales.
Surtigas informó que la decisión comprende dos contratos de suministro de gas natural suscritos con Canacol en julio de 2022, pero que estos continúan vigentes mientras no se surta el proceso de reconocimiento en Colombia. La distribuidora aseguró que continuará interviniendo ante la justicia canadiense y la Supersociedades para defender sus intereses y los de los usuarios. Gases del Caribe adoptó una posición similar, reiterando que los contratos permanecen vigentes y que ejercerá los recursos legales disponibles para mantener la prestación del servicio.
Riesgos para el abastecimiento nacional
Canacol representa cerca del 11% de la producción comercializada de gas natural en Colombia, equivalente a unos 80 millones de pies cúbicos diarios. Ante la estrechez actual en el suministro, agravada por la llegada del fenómeno de El Niño, perder ese volumen genera gran preocupación. Vera afirmó: "Ante una situación de estrechez tan importante en materia de suministro de gas como la que tiene el país y más por la llegada del fenómeno de El Niño, perder ese volumen genera una gran preocupación y coloca una mayor presión al abastecimiento interno".
Cerro Matoso, uno de los principales clientes de Canacol, informó que la compañía le suministra aproximadamente el 82% del gas natural que utiliza en su operación de ferroníquel. En las últimas semanas se han presentado reducciones unilaterales en las entregas. Una interrupción prolongada obligaría a apagar equipos críticos, incluidos dos hornos, lo que podría causar daños estructurales cuya recuperación tomaría más de diez meses y demandaría inversiones estimadas entre $550.000 millones y $730.000 millones por cada horno. Además, un cese de operaciones pondría en riesgo más de 2.000 empleos y afectaría a cerca de 50.000 personas de 25 comunidades vecinas, y el país dejaría de recibir alrededor de $3.000 millones diarios por impuestos, regalías y compras de bienes y servicios.
Cerro Matoso anunció que apelará la decisión adoptada en Canadá y acudirá a todos los mecanismos jurídicos disponibles. También solicitó a la Supersociedades, al Ministerio de Minas y Energía, a la Superintendencia de Servicios Públicos y al Gobierno Nacional evaluar el caso considerando la seguridad energética y el orden público económico.
Implicaciones para el mercado de gas colombiano
Vera sostiene que el caso abre una discusión sobre el funcionamiento del mercado colombiano del gas. El esquema regulatorio ha estado soportado históricamente en el cumplimiento de los contratos como garantía de abastecimiento. "Genera un precedente frente al marco regulatorio nacional, el cual está basado en la teoría de los contratos y su estricto cumplimiento como garantía de abastecimiento y suministro. Esto obliga al regulador y al Gobierno a tomar decisiones y previsiones más estrictas para evitar que situaciones similares vuelvan a presentarse", señaló.
Un escenario de reducción o salida de Canacol obligaría a acelerar la incorporación de gas importado para cubrir la demanda nacional, aumentaría la importancia del gas interrumpible disponible en campos en pruebas o evaluación, y el sector industrial tendría que fortalecer alternativas como GLP y combustibles de uso industrial.
Mientras la Supersociedades estudia si reconoce la decisión canadiense, el mercado del gas entra en una etapa de transición, con una empresa que busca reorganizar su operación, distribuidores que defienden la continuidad de sus contratos, industrias que advierten riesgos sobre su producción y autoridades llamadas a definir el alcance de una decisión que podría marcar un precedente para futuros procesos de insolvencia transfronteriza en el sector energético colombiano.
