Expertos advierten sobre desafíos en zonas francas para economía popular
El Gobierno del presidente Gustavo Petro ha establecido como eje estratégico fundamental el desarrollo de la economía popular, definida como aquellas actividades mercantiles y no mercantiles desarrolladas por unidades económicas de baja escala, como micronegocios, empresas familiares o trabajadores individuales en diversos sectores productivos.
Decreto que transforma el régimen de zonas francas
En diciembre pasado, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo expidió el Decreto 1317 de 2025, que busca integrar la economía popular al régimen de zonas francas mediante dos transformaciones principales. Por un lado, crea las Zonas Francas Permanentes Especiales de Economía Popular, destinadas a que estas unidades productivas accedan a beneficios tributarios, logísticos y productivos.
"Esta nueva categoría democratiza la política industrial, cierra brechas históricas y ofrece a estas unidades la posibilidad de crecer, diversificar sus actividades y participar plenamente en la economía formal", señaló el ministerio en su momento.
La segunda transformación afecta a las zonas francas del régimen general, donde operan usuarios industriales y comerciales. El decreto establece que estas zonas deberán vincular unidades productivas de economía popular como proveedoras, creando encadenamientos productivos que fortalezcan la industria instalada y extiendan los beneficios del régimen franco.
Umbrales de inversión drásticamente reducidos
El decreto modifica al Decreto 2147 de 2016, introduciendo umbrales de inversión de apenas 6.024 UVT (aproximadamente 315,5 millones de pesos para 2026) y metas de solo siete empleos directos para las nuevas Zonas Francas Permanentes Especiales de economía popular.
Este cambio ha sido calificado como "drástico" frente a las zonas francas permanentes tradicionales, que exigen cerca de 43 millones de dólares en bienes o entre 3 y 27,5 millones de dólares en servicios. Aunque esta flexibilización busca integrar a sectores de baja escala, mantiene obligaciones estrictas como reportes anuales antes del 31 de marzo y una cuota obligatoria del 5% de empleo para personal de economía popular sin formación técnica.
Advertencias de expertos sobre riesgos operativos
"La competitividad de un país no se decreta; se construye sobre cimientos de seguridad jurídica. Reducir los umbrales de inversión es una invitación, pero mantener el estándar de 'Big Industry' en el cumplimiento es la verdadera prueba de fuego", afirma María Paula Sánchez Niño, socia de Aduanas y Comercio Exterior de la firma Posse Herrera Ruiz.
Los expertos han anticipado riesgos frente a la realidad operativa, señalando que una inversión mínima de 315 millones de pesos podría ser consumida por el gasto administrativo y de cumplimiento de una zona franca en menos de tres años. "Sin escala, la inclusión corre el riesgo de convertirse en una utopía financiera", agrega Sánchez.
Además, existe preocupación por la falta de claridad en la definición de "economía popular", lo que obligaría a las empresas a realizar un test de idoneidad para mitigar riesgos de incumplimiento.
La asociatividad como solución clave
Frente a estos desafíos, los expertos proponen la asociatividad capitalizada como solución para evitar que la reforma sea solo una buena intención. Los inversionistas consolidados deben actuar como catalizadores mediante joint ventures o cuentas en participación, integrando a pequeños actores sin sacrificar el rigor técnico ni aduanero.
"El gran capital debe actuar como un catalizador. El modelo ganador no es el pequeño productor aislado, sino la asociatividad capitalizada donde el inversionista garantiza el blindaje jurídico y la economía popular provee el capital humano", advierte Sánchez.
Y concluye con una advertencia crucial: "No confundamos una barrera de entrada reducida con un perfil de riesgo menor. En el régimen franco, el costo del cumplimiento sigue siendo de talla mundial".
El debate sobre la viabilidad de estas zonas francas especiales continúa, mientras el Gobierno insiste en su potencial para democratizar el acceso a beneficios económicos y los expertos enfatizan la necesidad de estructuras sólidas que garanticen su sostenibilidad a largo plazo.
