La Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia), la Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI), la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones (CCIT) y la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico expresaron su preocupación frente al segundo borrador de decreto que busca modificar las reglas del turismo digital en Colombia.
El pronunciamiento, fechado el 7 de julio, advierte que el proyecto cambiaría el régimen del Registro Nacional de Turismo (RNT) y las normas aplicables a las plataformas digitales que facilitan servicios turísticos en el país. Para los gremios, el debate no se limita al contenido del borrador, sino que representa una oportunidad para fortalecer la seguridad jurídica, respetar los límites de la potestad reglamentaria y consolidar mecanismos de participación ciudadana efectivos y transparentes.
Decreto sobre turismo digital prende alertas gremiales
El proyecto busca introducir ajustes al Registro Nacional de Turismo y a las reglas aplicables a las plataformas digitales que facilitan servicios turísticos. Estas plataformas hacen parte de un sector que ha ganado peso en la forma como viajeros, emprendedores y prestadores conectan oferta y demanda. Los gremios señalaron que durante más de diez mesas técnicas participaron de manera activa y propositiva, presentando observaciones para contribuir a una regulación moderna y alineada con la Ley 2068 de 2020.
Sin embargo, las organizaciones afirmaron que el nuevo borrador mantiene las principales disposiciones que fueron objeto de observaciones por parte del sector, sin reflejar en su contenido las propuestas sustanciales entregadas durante el diálogo técnico. “Confiamos en que esta nueva etapa de comentarios permita fortalecer el texto y consolidar una regulación que genere mayor seguridad jurídica y confianza para todos los actores”, señalaron los gremios en el comunicado conjunto.
Seguridad jurídica y límites regulatorios
El punto más sensible del pronunciamiento está en la advertencia sobre los límites de la potestad reglamentaria. Para los firmantes, el desarrollo que hace el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo a través del borrador excede las facultades que le confiere la Constitución Política. Según los gremios, bajo la apariencia de un ajuste al Registro Nacional de Turismo, el proyecto trasladaría a privados funciones de inspección, vigilancia y control que la ley reserva a autoridades competentes.
Las organizaciones también sostuvieron que el borrador modificaría por esa vía la calidad jurídica de los prestadores, un asunto que, según su lectura, ya fue definido por la Ley 2068 de 2020. Esa advertencia tiene un alcance económico relevante. En sectores digitales, donde los modelos de negocio cambian con rapidez, las reglas claras suelen ser determinantes para sostener inversión, innovación y confianza entre usuarios, empresas y autoridades.
Gremios piden incorporar aportes técnicos del sector
AmCham Colombia, ALAI, CCIT y la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico reiteraron su llamado al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para que incorpore los aportes técnicos presentados por el sector. El pedido apunta a que el Gobierno evite rebasar los límites de su potestad reglamentaria y fortalezca los espacios de diálogo con tiempos adecuados. Para los firmantes, esa participación es clave para que las observaciones se reflejen realmente en el texto final.
“Esto contribuirá a que las observaciones de los distintos actores se reflejen en lineamientos que promuevan el crecimiento económico del país y continúen fortaleciendo el sector turístico digital”, indicaron las organizaciones. Los gremios también manifestaron su disposición a seguir contribuyendo técnicamente a una regulación “seria, basada en conocimiento especializado”. Esa frase resume el tono del pronunciamiento: no se oponen a una regulación, pero piden que esta sea clara, proporcional y jurídicamente sólida.
En el fondo, el debate se mueve entre dos prioridades: actualizar las reglas para un mercado turístico cada vez más digital y evitar que esa actualización genere inseguridad jurídica o cargas que afecten innovación y competitividad. El sector privado sostiene que la calidad regulatoria es uno de los principales factores para atraer inversión, promover innovación, impulsar transformación digital y fortalecer la competitividad. También considera que las reglas deben respetar la legalidad y dar estabilidad.
Para las organizaciones firmantes, Colombia requiere un entorno normativo que ofrezca reglas claras, confianza y respeto por el principio de legalidad, especialmente en sectores dinámicos que amplían la oferta turística y generan oportunidades económicas.
