La junta directiva de Ecopetrol enfrenta decisión crucial sobre Ricardo Roa
La junta directiva de Ecopetrol se reunirá nuevamente este lunes 30 de marzo para abordar una pregunta que ha trascendido lo meramente administrativo: qué hacer con Ricardo Roa como presidente de la compañía. La situación se complica por su frente judicial abierto, la presión creciente del sindicato y el malestar evidente entre accionistas e inversionistas. Esta cita llega después de que la propia junta decidiera mantenerlo en el cargo el pasado 25 de marzo, anunciando que continuaría evaluando su situación mientras la Unión Sindical Obrera (USO) advertía que, de no salir, podría escalar sus protestas.
El debate trasciende la continuidad personal
La discusión no se limita únicamente a si Roa continúa o no en su posición. Lo que realmente está en juego es qué estándar quiere aplicar Ecopetrol frente a un presidente que, aunque sigue contando con respaldo político del Gobierno Nacional, arrastra investigaciones y cuestionamientos que ya han migrado del terreno penal al ámbito de la gobernanza corporativa. En una empresa controlada mayoritariamente por el Estado, pero que cotiza en bolsa y debe responder también a las exigencias del mercado, cada posible salida conlleva un costo distinto y significativo.
Los tres escenarios posibles para Ecopetrol
Primer camino: ratificación de Roa
La opción más obvia sería que la junta vuelva a ratificar a Ricardo Roa en su cargo. Esta fue, en esencia, la señal enviada la semana pasada cuando la mayoría optó por mantenerlo mientras avanzaba la revisión interna. Esta salida tiene una lógica clara: la junta puede insistir en que no existe condena alguna, que rige la presunción de inocencia y que la empresa ya activó protocolos de evaluación jurídica y regulatoria antes de tomar decisiones más drásticas. Este argumento ya fue expuesto por Ecopetrol en sus comunicaciones oficiales tras la imputación.
Sin embargo, mantenerlo no equivale a desactivar la crisis. Por el contrario, prolongaría el choque con el sindicato y mantendría abierta la tensión con los accionistas minoritarios que, en la asamblea reciente, volvieron a cuestionar su continuidad. También podría reforzar la lectura de que la junta privilegia el respaldo político sobre las señales institucionales. A corto plazo, esta decisión daría estabilidad formal; a mediano plazo, mantendría vivo el desgaste reputacional de la compañía.
Segundo camino: remoción contundente
La segunda opción sería removerlo directamente de su cargo. Con los estatutos en mano, la junta sí tiene la facultad legal de nombrar y remover al presidente de la compañía. Sería la decisión más fuerte, pero también la más limpia desde el punto de vista societario: no exigiría inventar figuras intermedias ni estirar indefinidamente una evaluación que ya comenzó. Si la junta optara por este camino, tendría que designar un encargado mientras se define un relevo más estable.
Esta salida aliviaría de inmediato la presión de la USO y enviaría al mercado una señal clara de corrección institucional. No obstante, también tendría un costo político elevado para el Gobierno Nacional, que ha respaldado a Roa en distintas controversias anteriores. Sacarlo no sería solo un movimiento empresarial: sería interpretado como una admisión de que el costo de sostenerlo ya superó el beneficio de protegerlo.
Tercer camino: comprar tiempo
Existe una tercera opción que, aunque menos vistosa, no puede descartarse: que la junta vuelva a aplazar una definición de fondo. Ya lo hizo de hecho cuando decidió mantener abierta la evaluación interna y volver sobre el caso días después. Esta salida le permitiría a Ecopetrol evitar un choque frontal inmediato, pero no resolvería nada de fondo, manteniendo la incertidumbre sobre la dirección de la empresa.
Escenario adicional: suspensión preventiva
En el debate también aparece una posibilidad intermedia: separar temporalmente a Roa mientras avanzan las investigaciones. Sobre el papel suena razonable, pero es una salida menos clara jurídicamente. Los estatutos sí regulan la designación y remoción del presidente, pero no convierten la "suspensión preventiva" en una fórmula tan nítida como las otras opciones. Por lo tanto, una decisión de este tipo podría abrir una discusión jurídica adicional, justo cuando la junta busca reducir riesgos, no sumar otros.
La reunión de este lunes representa un momento crucial para Ecopetrol, donde se pondrán a prueba los mecanismos de gobernanza corporativa de una de las empresas más importantes del país, en medio de tensiones políticas, judiciales y laborales que requieren una solución equilibrada y definitiva.
