El gobierno nacional, a través de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), impulsa un proyecto de ley para establecer un nuevo régimen sancionatorio aduanero, con el objetivo de combatir el contrabando y fortalecer el recaudo fiscal. Carlos Emilio Betancourt, director general de la Dian, señaló que el país deja de percibir aproximadamente $8 billones anuales debido a esta problemática.
¿Cómo está el país en temas de contrabando?
Para dimensionar el contrabando, Betancourt explicó que se consideran tres niveles. El primero es la estimación del valor del contrabando, calculado mediante la metodología espejo, que compara las exportaciones e importaciones declaradas por Colombia con los registros de sus socios comerciales. Según esta metodología, el contrabando podría rondar los US$8.000 millones, equivalentes a unos $32 billones. El segundo nivel es el recaudo dejado de percibir por concepto de IVA a las importaciones y aranceles, que asciende a $8 billones. Esto ocurre porque mercancías ingresan de forma ilegal sin pagar impuestos o bajo subpartidas arancelarias incorrectas que implican aranceles menores.
¿Qué novedades trae el nuevo régimen sancionatorio?
El nuevo régimen sancionatorio aduanero introduce varias mejoras significativas. En primer lugar, simplifica el sistema al reducir el número de sanciones de 357 a 235. Las multas ahora son más proporcionales y hacen una clara distinción entre errores formales y conductas gravemente dolosas. Además, se eliminan cinco procedimientos problemáticos, lo que facilita la aplicación del régimen. También se incorporan nuevas causales de reducción o exoneración de sanciones para aquellos usuarios aduaneros que demuestren debida diligencia.
¿En qué etapa se encuentra el proyecto?
El proyecto de ley se encuentra actualmente en trámite en el Congreso de la República. Ya obtuvo una votación unánime en el primer debate y está a la espera de ser citado en la Comisión Segunda del Senado para continuar con el proceso legislativo.
¿De dónde nace la necesidad de actualizar este régimen?
La Corte Constitucional fijó como fecha límite el 20 de junio para que el nuevo régimen sancionatorio aduanero sea presentado como ley. Actualmente, el régimen vigente está contenido en el Decreto Ley 920, el cual ha sido adoptado por decretos, una prerrogativa del poder ejecutivo. Betancourt advirtió que el tiempo es limitado, ya que después del proceso legislativo vienen la promulgación presidencial, la revisión jurídica y la firma del presidente.
¿Quiénes participaron en la elaboración del proyecto?
Antes de lograr la votación unánime, se realizó un amplio proceso de consenso que involucró al sector privado, incluyendo a Analdex y otros gremios. Se llevaron a cabo 39 mesas técnicas para discutir cada uno de los 114 artículos del proyecto. Inicialmente, el consenso era inferior al 70%, pero finalmente se alcanzó un acuerdo del 100%, considerado un hito en este tipo de negociaciones.
¿Qué pasará si no se cumple con la fecha establecida?
Si no se aprueba una ley sancionatoria antes del 20 de junio, a partir del 21 de julio la Dian no podrá aprehender mercancías en puertos y aeropuertos, aplicar sanciones aduaneras, y tendrá que devolver dinero de multas y sanciones. Esto implicaría el cese del ejercicio de la autoridad aduanera, con graves consecuencias para el control del contrabando.
¿Cómo avanza la entidad en materia de recaudo tributario?
Betancourt informó que a finales de mayo de 2025, el recaudo bruto acumulado fue de $127,3 billones, mientras que en el mismo periodo de 2026 alcanzó casi $139 billones, un incremento del 9%. En cuanto al recaudo neto, pasó de $116,4 billones a $128,4 billones, un aumento del 10,5%.
¿Cuál es la participación por tipo de impuesto?
El impuesto sobre la renta representa más de la mitad de la recaudación total, seguido por el IVA. Ambos tributos dependen fundamentalmente del desempeño de la economía.
¿Cuánto se recaudó por la emergencia económica?
Gracias al Decreto 240, que estableció un impuesto al patrimonio, se recaudaron $5,2 billones. Esto elevó la recaudación bruta acumulada a $143,9 billones y la neta a $133 billones. Además, por alivios tributarios se recaudaron $2,7 billones.
¿Cómo va la implementación de la facturación electrónica?
Colombia es pionero en facturación electrónica, solo superado por Chile. El sistema colombiano sirve como modelo para España, que aún no lo ha adoptado. Actualmente, hay 1,7 millones de facturadores electrónicos en el país. Sin embargo, Betancourt señaló que en el sector informal aún hay camino por recorrer, y criticó que muchos comercios pregunten al cliente si desea factura electrónica, cuando deberían emitirla automáticamente.
¿Qué esperan en renta de personas naturales y jurídicas?
En impuesto sobre la renta de personas jurídicas, a mayo de 2026 se recaudaron casi $12 billones, aunque se observa una caída asociada a exenciones de una ley anterior que beneficia a sociedades holding nacionales con inversiones en el exterior. Esto podría representar una pérdida de más de $6 billones. En cuanto a personas naturales, las expectativas son positivas, aunque aún no hay desglose detallado.
¿Cuáles son los retos que quedan al siguiente gobierno?
Entre los principales desafíos están la aprobación del nuevo régimen sancionatorio aduanero, mantener la lucha contra el contrabando y buscar nuevas fuentes de ingresos mediante reformas fiscales. También se destaca el avance tecnológico: en menos de dos años, la Dian implementará un sistema de selectividad aduanera altamente sofisticado, con seguridad física e informática, que mejorará las inspecciones en zona primaria.
Perfil de Carlos Emilio Betancourt
Carlos Emilio Betancourt es economista de la Universidad Nacional de Colombia, con maestría en Economía del Convenio BID en el Instituto Torcuato Di Tella (Argentina). Es experto en economía pública, análisis financiero y evaluación de proyectos. Se ha desempeñado como viceministro general del Ministerio de Hacienda, superintendente delegado para Acueducto, Alcantarillado y Aseo, director de Economía y Finanzas Distritales en la Contraloría de Bogotá, y jefe de la división de estudios de Finanzas Públicas de la Contraloría General.
