Gobierno Nacional impulsa fabricación de vehículos eléctricos con incentivos arancelarios
El Gobierno Nacional ha puesto en marcha una de las estrategias más ambiciosas dentro de su política de reindustrialización: la creación de un ecosistema robusto para la fabricación y ensamble de vehículos eléctricos e híbridos enchufables en territorio colombiano. Mediante un proyecto de decreto, las autoridades buscan no solo reducir la dependencia de las importaciones, sino fortalecer la manufactura avanzada y generar empleo calificado en el sector automotor.
Dos pilares normativos para atraer inversión
La estrategia se fundamenta en dos mecanismos normativos principales: el Régimen de Transformación y Ensamble para Vehículos Eléctricos (RTE-E) y el Instrumento para Nuevos Proyectos Industriales de Movilidad Híbrida Enchufable y Eléctrica (INPIMHEL). Ambos instrumentos están diseñados específicamente para atraer inversión extranjera y nacional bajo condiciones estrictas de sostenibilidad ambiental y transferencia tecnológica hacia la industria local.
Aranceles al 0% para maquinaria y equipos
Para facilitar el montaje de nuevas plantas industriales dedicadas a la movilidad eléctrica, el proyecto contempla un alivio tributario significativo. Se permitirá la importación de maquinaria especializada, sistemas técnicos y equipos de producción con un arancel del 0 por ciento, siempre que su destino final sea la fabricación local de componentes o vehículos completos.
Este beneficio se extiende también a los esquemas de importación de vehículos desarmados o semidesarmados, conocidos como CKD y SKD, lo que permitirá a las empresas ensamblar en territorio colombiano con costos operativos mucho más competitivos, garantizando al mismo tiempo los estándares de calidad internacionales exigidos por el mercado global.
Cupos de importación condicionados a inversión local
Uno de los aspectos más destacados del INPIMHEL es la creación de cupos anuales para la entrada de vehículos eléctricos terminados. Para los años 2026 y 2027, se establecería un límite de hasta 20.000 unidades por año, las cuales estarían sujetas a un arancel preferencial reducido al 5 por ciento.
Sin embargo, el acceso a estos beneficios no será automático ni indiscriminado. La asignación de los cupos dependerá estrictamente de varios factores clave:
- El nivel de inversión certificada que realice la empresa beneficiaria en infraestructura productiva.
- El cumplimiento de metas progresivas de integración de contenido nacional en los procesos de fabricación.
- El avance demostrable en la ejecución del plan de desarrollo industrial inicial presentado.
- El cumplimiento integral de requisitos técnicos, ambientales y de trazabilidad establecidos por las autoridades.
Coordinación interinstitucional para la transición energética
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo será la entidad encargada de administrar este nuevo instrumento de política industrial, trabajando de manera coordinada con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y otras carteras sectoriales. El objetivo principal es desburocratizar los trámites administrativos y agilizar las certificaciones necesarias para que las empresas puedan operar sin contratiempos significativos.
Con esta medida integral, Colombia busca consolidar capacidades industriales endógenas que permitan cumplir con los objetivos nacionales de transición energética hacia fuentes más limpias. Al fomentar la movilidad sostenible desde la fabricación misma y no solo desde el consumo final, el Gobierno Nacional espera posicionar a la industria automotriz colombiana como un referente regional en la lucha contra el cambio climático y el desarrollo de tecnologías de vanguardia aplicadas al transporte.
